- La Comisión de Desarrollo Económico sesiona en pleno feriado nacional para revisar la proforma presupuestaria 2027.
- La mesa parlamentaria aprueba un cronograma de cuatro sesiones intensivas para recibir a ministros y secretarios de Estado.
- El Legislativo dispone de un plazo constitucional perentorio de treinta días para observar o aprobar el plan de gastos.
- Bloques de oposición y la bancada oficialista anticipan debates sobre asignaciones sociales y techos de endeudamiento.
Con el objetivo de cumplir con los estrictos plazos fijados por la Constitución de la República, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional comenzó formalmente el análisis de la Proforma 2027 remitida por el presidente Daniel Noboa, convocando a sesiones de trabajo presenciales y telemáticas durante el feriado nacional por el Día de los Difuntos. La presidenta de la mesa legislativa, Valentina Centeno, del bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), convocó a una decena de secretarios de Estado y autoridades de control económico para sustentar las cifras macroeconómicas del Estado.
El proyecto del Presupuesto General del Estado fue entregado de manera oficial por el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador el viernes 30 de octubre de 2026. A partir de esa fecha, el Parlamento cuenta con un período improrrogable de 30 días calendario para analizar los supuestos de ingresos tributarios, los ingresos petroleros, el financiamiento externo y el destino de las partidas presupuestarias orientadas a salud, educación, infraestructura vial y seguridad ciudadana.
Debates en la mesa legislativa sobre el análisis de la Proforma 2027
El cronograma de trabajo aprobado por los legisladores contempla cuatro jornadas continuas de deliberación técnica. Para la primera sesión fueron convocados el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, el viceministro de Finanzas, el director del Servicio de Rentas Internas (SRI) y representantes del Banco Central del Ecuador, quienes deberán detallar las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el precio promedio estimado del barril de crudo ecuatoriano y las metas de recaudación de impuestos para el próximo ejercicio fiscal.
Asimismo, los comisionados llamarán a comparecer a los ministros de Defensa, del Interior y a las autoridades del sector eléctrico para conocer el financiamiento previsto para enfrentar la crisis energética y sostener el equipamiento de la fuerza pública. Esta rigurosa fiscalización de los recursos públicos se vincula con el monitoreo que realizan los sectores productivos respecto a la seguridad laboral en empresas y contingencias productivas ante eventuales emergencias climáticas.
Posturas de las bancadas políticas y escenarios de resolución
La tramitación del presupuesto generó inmediatas discrepancias entre los bloques parlamentarios representados en la mesa. Mientras los asambleístas de ADN defienden que la proforma prioriza la sostenibilidad fiscal, la reducción del déficit primario y el fomento a la inversión privada, legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) y del Partido Social Cristiano manifestaron su preocupación por eventuales recortes en los presupuestos de las universidades públicas, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y los programas de asistencia social.
Varios asambleístas de las provincias amazónicas adelantaron que vigilarán el cumplimiento estricto de las asignaciones de la Ley Amazónica y los recursos destinados a las prefecturas para vialidad rural. Si la mesa parlamentaria no logra emitir un informe de consenso antes del vencimiento del plazo legal, la proforma podría entrar en vigencia por el ministerio de la ley tal como fue remitida originalmente por el Ejecutivo.
El equipo de asesores económicos de la Asamblea elaborará una matriz de observaciones técnicas sobre los subsidios a los combustibles y el servicio de la deuda externa multilateral. Los parlamentarios independientes remarcaron que el Estado requiere optimizar la ejecución del gasto público para evitar que los recursos queden estancados en partidas administrativas en lugar de llegar a los hospitales y colegios fiscales.
Expertos constitucionalistas recordaron que, de acuerdo con el artículo 295 de la Carta Magna, el pleno legislativo únicamente puede formular observaciones al monto global de gastos e ingresos, sin facultad para alterar las partidas específicas asignadas por el Ejecutivo. Esta limitación normativa obliga a las fuerzas políticas a buscar puntos de convergencia pragmáticos que aseguren la gobernabilidad fiscal sin paralizar la provisión de servicios estatales esenciales.
Al término de la fase de comparecencias, la Comisión elaborará un informe no vinculante que será elevado al pleno de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador para su debate definitivo. Los asambleístas podrán formular observaciones puntuales en un solo debate, las cuales deberán ser remitidas al mandatario para que este decida si las acoge o si ratifica su propuesta inicial, consolidando así el marco presupuestario que regirá las finanzas del país durante 2027.
Fuente editorial: Información elaborada a partir del reporte de Primicias y actas oficiales de la Asamblea Nacional.
