- La Corte Constitucional admitió a trámite múltiples acciones públicas de inconstitucionalidad contra el Consejo de la Judicatura.
- Colectivos jurídicos exigen revocar la resolución que eliminó la unidad judicial anticorrupción y contra el crimen organizado.
- Más de 300 causas complejas por lavado de activos, peculado y narcotráfico se encuentran en limbo procesal.
- Organismos internacionales alertan que desmantelar salas especializadas contraviene convenios anticorrupción vinculantes.
La Corte Constitucional de Ecuador admitió formalmente a trámite este jueves 8 de octubre de 2026 una serie de demandas de inconstitucionalidad y consultas de norma interpuestas por colegios de abogados, observatorios de justicia y gremios ciudadanos, con el propósito de suspender y revertir con carácter urgente la polémica resolución administrativa del Consejo de la Judicatura que decretó la supresión de las Unidades Judiciales Especializadas en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.
Las acciones legales buscan salvaguardar la estructura de juzgamiento técnico creada con respaldo de la cooperación internacional para juzgar las estructuras mafiosas de mayor peligrosidad, en un momento en que la fiscalización institucional y la transparencia en la administración del Estado enfrentan severos cuestionamientos de operatividad, como los vacíos documentados en las advertencias del Tribunal Contencioso Electoral sobre precampaña electoral sin monitoreo.
Riesgo de caducidad de prisión y nulidades procesales
De acuerdo con los textos de las demandas ingresadas ante la Corte Constitucional del Ecuador, la desarticulación de estas unidades judiciales pone en riesgo inminente más de 300 expedientes penales de alta conmoción social que involucran a cabecillas de carteles de narcotráfico, exfuncionarios públicos procesados por peculado millonario y redes de lavado de activos transnacionales.
Juristas constitucionalistas argumentan que el Consejo de la Judicatura (Función Judicial) incurrió en una flagrante extralimitación de facultades al alterar mediante un reglamento administrativo una estructura jurisdiccional que fue instituida expresamente mediante ley orgánica aprobada por la Asamblea Nacional. De persistir la dispersión de las causas hacia jueces ordinarios territoriales, advierten, se multiplicarán las solicitudes de caducidad de prisión preventiva y se abrirán compuertas procesales para declarar nulidades a favor de redes criminales organizadas.
Vulneración de compromisos internacionales de derechos humanos
Las demandas subrayan que Ecuador suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y el Protocolo de Palermo, instrumentos multilaterales que obligan a los Estados parte a mantener judicaturas independientes, blindadas y con especialización técnica para investigar delitos financieros complejos.
El traslado de estos procesos a tribunales de primer nivel sin protección policial reforzada expone a jueces ordinarios a extorsiones, sicariato y atentados contra su integridad física, desmoronando la doctrina de juzgados blindados que costó años implementar en el complejo judicial de Quito.
Plazos y medidas cautelares solicitadas
Los demandantes solicitaron al pleno de la Corte Constitucional que, como medida cautelar de protección urgente, se suspenda de forma provisional la ejecución de la resolución del Consejo de la Judicatura mientras se resuelve el fondo de las controversias planteadas.
El organismo de control constitucional designó a jueces ponentes mediante sorteo electrónico y abrió el término para que las autoridades del órgano de gobierno judicial remitan sus informes de descargo. El veredicto de la Corte será determinante para definir el futuro de la persecución penal estratégica contra la corrupción estatal y el crimen organizado en el país.
Precedentes jurisprudenciales y estándares del sistema interamericano
Las demandas presentadas ante el máximo tribunal de garantías constitucionales citan precedentes vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), los cuales determinan que los Estados tienen la obligación positiva de garantizar la inamovilidad y protección reforzada de jueces que investigan redes de macrocriminalidad y graves violaciones a los derechos humanos.
Desmantelar una unidad jurisdiccional consolidada y dispersar causas de narcotráfico y corrupción institucionalizada hacia juzgados civiles o penales de cantones pequeños expone directamente a los operadores de justicia al asedio violento de bandas armadas, debilitando la tutela judicial efectiva y abriendo espacios de impunidad estructural que resultan incompatibles con el Estado constitucional de derechos y justicia.
Pronunciamiento de la comunidad jurídica internacional
Colegios de magistrados de América Latina y organizaciones de defensa del Estado de derecho enviaron comunicaciones formales a la Corte Constitucional expresando su profunda preocupación por el desmantelamiento de los juzgados especializados en Ecuador. Los juristas internacionales recordaron que la concentración de causas complejas en operadores altamente calificados y protegidos es el único estándar comprobado para evitar la captura de la administración de justicia por parte de carteles transnacionales y estructuras de delincuencia de cuello blanco.
