- El pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a tres jueces por incurrir en error inexcusable.
- Los magistrados formaban parte de la sala anticorrupción que conoció el caso Goleada.
- La sanción disciplinaria fue aprobada por unanimidad con cinco votos favorables del pleno.
- El proceso judicial investiga una presunta red de delincuencia organizada en Guayaquil.
El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) de Ecuador resolvió por unanimidad este 27 de octubre de 2026 la destitución inmediata de los jueces Silvana Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez, quienes integraban el tribunal especializado para el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado que conoció las apelaciones en el denominado caso Goleada. La máxima autoridad disciplinaria de la Función Judicial determinó que los magistrados incurrieron en la falta gravísima de error inexcusable al revocar la prisión preventiva que pesaba sobre procesados en esta causa.
Fundamentos de la resolución disciplinaria y voto unánime
La decisión contó con el respaldo de los cinco vocales del pleno del Consejo de la Judicatura tras acoger el informe técnico y jurídico emitido por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. La investigación administrativa estableció que las actuaciones judiciales de los tres jueces al momento de sustituir la medida cautelar privativa de libertad contravinieron expresamente normas procesales fundamentales y estándares jurisprudenciales obligatorios en causas donde se investiga delincuencia organizada y afectación al patrimonio público.
El caso Goleada, liderado procesalmente por la Fiscalía General del Estado, rastrea presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado y contrataciones irregulares en el marco de la administración municipal de Guayaquil, expediente en el que figuran autoridades seccionales y empresarios vinculados a contratos de infraestructura urbana. La revocatoria de la prisión preventiva ordenada previamente por los jueces destituidos había generado intensos reparos en el Ministerio Público y en la opinión pública nacional.
Depuración institucional y garantías de transparencia procesal
Durante la sesión extraordinaria, las autoridades de la Judicatura subrayaron que el control disciplinario no constituye una intromisión en la independencia judicial, sino un mecanismo constitucional indispensable para garantizar que las resoluciones se ajusten al ordenamiento jurídico y no respondan a arbitrariedades técnicas ni presiones externas. La resolución de destitución acarrea la separación definitiva del servicio judicial y la imposibilidad de ejercer cargos públicos en la Función Judicial durante los próximos diez años.
Organismos veedores de la sociedad civil y gremios jurídicos respaldados por la Corte Nacional de Justicia destacaron que la sanción envía una señal contundente de depuración en momentos en que el país enfrenta una severa crisis de confianza en los tribunales penales. El expediente judicial del caso Goleada será reasignado mediante sorteo informático a un nuevo tribunal competente para dar continuidad al juicio penal correspondiente.
Vigilancia ciudadana y continuidad del proceso penal
Expertos en derecho constitucional y procesal penal explicaron que la declaratoria de error inexcusable dictada por la Judicatura ratifica la gravedad de las omisiones argumentativas en las que incurrió el tribunal cesado. Las autoridades judiciales reiteraron su compromiso de brindar todas las garantías procesales a las partes intervinientes, asegurando que la causa avance hacia la audiencia preparatoria de juicio con apego estricto a las evidencias periciales recopiladas.
Diversos colegios de abogados y organizaciones de juristas independientes señalaron que la transparencia procesal y la idoneidad ética de los jueces constituyen las bases indispensables para recuperar la seguridad jurídica en el país. El Consejo de la Judicatura ratificó que mantendrá auditorías disciplinarias periódicas sobre las salas penales especializadas en delitos de corrupción y crimen organizado, garantizando que los operadores judiciales actúen con estricta sujeción al derecho constitucional y al debido proceso.
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