- La Comisión Ciudadana de Selección aprobó 41 informes jurídicos y descalificó a 21 de 26 aspirantes a fiscal general.
- Las juezas Daniella Camacho e Inés Maritza Romero quedaron fuera del concurso tras aceptarse impugnaciones ciudadanas.
- El fiscal general subrogante Carlos Alarcón superó la fase de objeciones debido a la inasistencia de su único impugnante.
- Apenas cinco postulantes avanzan formalmente a la etapa de oposición y rendirán la prueba escrita del proceso.
El concurso público para designar a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado experimentó un giro determinante este 6 de octubre de 2026. La Comisión Ciudadana de Selección aprobó los 41 informes jurídicos derivados de las audiencias públicas de impugnación ciudadana, dejando fuera de competencia a 21 de los 26 postulantes que aspiraban a liderar el ministerio público. La resolución redujo drásticamente el cuadro de candidatos y descalificó a figuras judiciales que figuraban entre los perfiles con mayor notoriedad dentro del proceso de renovación institucional.
Descalificación de juezas nacionales y reconfiguración del cuadro de aspirantes
Entre las decisiones más destacadas adoptadas por el cuerpo colegiado consta la aceptación de impugnaciones en contra de magistradas de alto perfil. La Comisión de Selección aceptó tres de las nueve impugnaciones presentadas contra la jueza provincial de Pichincha, Inés Maritza Romero Estévez, con lo cual se resolvió su inmediata descalificación formal. De igual manera, los comisionados dieron paso a una de las seis objeciones radicadas contra la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho Herold, quien también quedó marginada de las etapas posteriores del concurso de méritos.
El exjuez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, tampoco logró acceder a la fase de oposición tras la aprobación de dos de las tres impugnaciones ciudadanas tramitadas en su contra. Este escenario confirma un riguroso filtro técnico y ético en el organismo seleccionador, en un contexto político marcado por tensiones institucionales similares a las expuestas cuando Luis Verdesoto denuncia un deliberado desnivel electoral y cuestiona el rol del CNE en la fiscalización de las autoridades del Estado ecuatoriano.
En contraste, el actual fiscal general del Estado encargado, Carlos Alarcón Argudo, logró mantenerse en la contienda oficial. El único ciudadano que había presentado una impugnación formal en su contra no compareció a la respectiva audiencia oral pública, motivo por el cual la comisión resolvió el archivo definitivo del reclamo. Alarcón encabeza el reducido grupo de sobrevivientes procesales junto con otros cuatro juristas: Andrea Cazar Villacís, Patricio Haro Aldean, Juan Guaño Costales y Mario Fonseca Vallejo.
Calendario reglamentario y fase de oposición escrita ante el CPCCS
Los postulantes excluidos disponen de los plazos reglamentarios para interponer recursos de apelación ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entidad encargada de resolver las controversias en última instancia administrativa. Una vez evacuadas las reconsideraciones legales pertinentes, los aspirantes ratificados serán convocados a rendir la prueba escrita de oposición, examen técnico que evaluará sus conocimientos en derecho procesal penal, criminología, litigación y garantías constitucionales.
El cronograma oficial difundido por las autoridades del CPCCS proyecta que la designación definitiva del titular de la Fiscalía General del Estado se concrete hacia finales de diciembre de 2026. La selección reviste trascendencia para el sistema de justicia del país, que enfrenta retos operativos ante la delincuencia organizada y acusaciones de injerencia partidista en las cortes provinciales.
El proceso de selección para la Fiscalía General representa uno de los exámenes institucionales más observados por la sociedad civil y veedurías internacionales. Durante las semanas previas, diversas organizaciones jurídicas cuestionaron la celeridad y la rigurosidad con que se revisaron las carpetas de los postulantes, señalando que la imparcialidad del tribunal examinador resultará indispensable para blindar al futuro fiscal de presiones políticas en casos emblemáticos de corrupción y crimen transnacional.
Asimismo, los comisionados ciudadanos recalcaron que las decisiones adoptadas en la sesión de este martes se apegaron estrictamente al reglamento codificado del concurso. Cada objeción admitida contó con el sustento documental respectivo, descartando motivaciones de carácter subjetivo o revanchismos entre los operadores de justicia que buscaban suceder a las autoridades transitorias.
De consolidarse las exclusiones resueltas, la fase de oposición escrita pondrá a prueba el conocimiento dogmático de los cinco postulantes ratificados en materias de extinción de dominio, lavado de activos y técnicas especiales de investigación penal. Los resultados de dicha prueba determinarán la conformación de la terna final que será sometida al escrutinio del pleno del CPCCS antes de la proclamación definitiva del nuevo titular de la acción penal pública en el Ecuador.
