- La Junta Provincial Electoral de Manabí confirmó 364 candidaturas en firme y 552 postulaciones calificadas para las elecciones seccionales.
- El proceso electoral valida postulaciones para la Prefectura, 22 alcaldías, concejalías y vocalías de juntas parroquiales rurales.
- Las candidaturas en firme superaron el periodo de impugnaciones sin recursos pendientes en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
- El CNE intensifica la fiscalización de hojas de vida, inhabilidades legales y planes de trabajo en toda la provincia costera.
La Junta Provincial Electoral de Manabí, organismo técnico adscrito al Consejo Nacional Electoral (CNE), presentó el balance consolidado del proceso de inscripción y calificación de listas con miras a las elecciones seccionales adelantadas, confirmando la existencia de 364 candidaturas en firme y 552 postulaciones formalmente calificadas en los 22 cantones manabitas. El informe certifica que el calendario operativo avanza dentro de los plazos reglamentarios previstos en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia).
Las candidaturas que alcanzaron el estatus de «en firme» corresponden a listas y cuadros que superaron la fase de objeciones territoriales y que no registran recursos de apelación en trámite ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Por su parte, las 552 candidaturas calificadas se encuentran a la espera de que fenezca el término legal para la presentación de impugnaciones ciudadanas o de que los jueces electorales emitan sentencia definitiva sobre causas pendientes.
Dignidades en disputa en los 22 cantones manabitas
El mapa de postulaciones en Manabí comprende la elección de Prefecto y Viceprefecto provincial, 22 alcaldes cantonales, concejales urbanos por circunscripciones y distritos, concejales rurales y cientos de vocales para los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales. Las organizaciones políticas debieron cumplir de forma estricta los porcentajes de alternabilidad de género e inclusión obligatoria del 25 % de jóvenes en los primeros lugares de las listas pluripersonales.
Los vocales de la Junta Electoral manabita revisaron minuciosamente los requisitos de elegibilidad, verificando que los aspirantes no mantengan deudas de pensiones alimenticias, contratos pendientes con el Estado, sentencias ejecutoriadas por delitos de concusión o peculado, ni bienes en paraísos fiscales. Aquellas listas que presentaron inconsistencias en sus declaraciones juramentadas fueron notificadas para subsanar los descargos en un plazo improrrogable de 48 horas.
El ritmo de calificación en Manabí guarda estrecha concordancia con la dinámica nacional del ente comicial, una sincronía demostrada cuando el CNE acelera impugnaciones y deja en firme 1.200 candidaturas seccionales en todo el territorio ecuatoriano para garantizar la impresión oportuna de las papeletas de votación.
Garantías jurídicas y transparencia en la contienda electoral
El control institucional no solo atañe a las inscripciones formales, sino también a la vigilancia sobre la precampaña y el uso indebido de recursos públicos. La normativa electoral prohíbe actos proselitistas anticipados y sanciona con multas económicas y destitución a los funcionarios que promocionen candidaturas con presupuesto estatal, bajo las directrices de la Asamblea Nacional del Ecuador.
Las tensiones jurídicas en los tribunales electorales han marcado la pauta de los comicios en diversas provincias, tal como sucedió en la capital cuando Jorge Yunda ironiza sobre denuncia electoral en su contra admitida por el TCE por supuesta campaña electoral prematura.
Asimismo, los fallos de última instancia del tribunal de justicia electoral han reconfigurado el tablero provincial manabita en semanas previas, un precedente recordado cuando el TCE dejó en firme la salida de Luisa González de la carrera por Manabí al no subsanar impedimentos estatutarios.
Con la consolidación de las 364 candidaturas en firme y el procesamiento final de las restantes 552 calificadas, la delegación electoral de Manabí avanza hacia la fase de selección de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto y la auditoría técnica de los sistemas de transmisión de resultados electorales para blindar la voluntad ciudadana en las urnas.
