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Candidatos seccionales bajo la lupa de la Fiscalía por investigaciones penales

Escenario electoral y pancartas de candidatos durante la campaña electoral en Ecuador

Actualizada:

4 min de lectura
  • Al menos 38 aspirantes a alcaldías y prefecturas en el país registran investigaciones previas abiertas en el Ministerio Público.
  • Los presuntos delitos indagados abarcan peculado, concusión, delincuencia organizada, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
  • El Código de la Democracia impide inhabilitar candidaturas sin una sentencia penal condenatoria ejecutoriada.
  • Organizaciones de transparencia demandan a los partidos políticos mayor rigor en los filtros éticos de selección interna.

Un exhaustivo informe judicial reveló que decenas de candidatos seccionales que participan activamente en la campaña electoral para captar alcaldías y prefecturas en diversas provincias del país se encuentran bajo la lupa de la Fiscalía General del Estado debido a investigaciones penales activas en su contra por presuntos delitos contra la administración pública y delincuencia organizada.

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La situación jurídica de los postulantes genera intensos debates éticos y ciudadanos en el marco del cronograma hacia el sufragio del 29 de noviembre, un proceso que avanza en medio de rigurosos controles institucionales donde el TCE y el CNE fiscalizan denuncias y decomisan propaganda por campaña anticipada a aspirantes en todo el territorio nacional.

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Tipología de delitos investigados y vacíos de la normativa

La investigación periodística difundida por Ecuavisa constata que entre los investigados constan tanto exalcaldes que buscan la reelección como exfuncionarios de gobiernos autónomos descentralizados que enfrentan denuncias por contrataciones irregulares en obras viales, plantas de tratamiento de agua potable y servicios de recolección de basura.

No obstante, la Constitución de la República y el Código de la Democracia establecen el principio de inocencia, determinando que los derechos políticos de un ciudadano solo se suspenden cuando existe una sentencia penal condenatoria debidamente ejecutoriada. De este modo, los aspirantes con indagaciones previas o instrucciones fiscales en curso conservan plenamente su derecho a postular y ser electos por votación popular.

Juristas y veedurías electorales adscritas a la autoridad electoral advierten que este blindaje legal abre la puerta para que personas investigadas por graves irregularidades utilicen la inmunidad electoral para dilatar las diligencias de investigación judicial durante la contienda.

Demanda de transparencia y voto informado

Organizaciones de la sociedad civil y gremios profesionales han instado a las distintas plataformas electorales a transparentar el pasado judicial de sus cuadros políticos en portales de acceso público, permitiendo que el electorado contraste las ofertas proselitistas con el historial de probidad de los candidatos.

La Fiscalía reiteró que los procesos judiciales continuarán su curso ordinario sin interferencias políticas y que, una vez concluido el proceso comicial, se solicitarán las audiencias de formulación de cargos que correspondan en derecho contra quienes hayan incurrido en perjuicios al erario público.

Observatorios de integridad electoral recordaron que la idoneidad moral y la transparencia en la gestión de recursos públicos constituyen pilares esenciales para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas que dirigen el desarrollo cantonal y provincial.

Los colectivos cívicos exhortaron a los postulantes a renunciar voluntariamente al fuero procesal electoral para someterse sin dilaciones a las investigaciones judiciales en curso ante la Fiscalía General.

El Colegio de Abogados de Guayas y diversas federaciones de profesionales del derecho recalcaron que la ética pública debe prevalecer sobre los intereses partidistas, sugiriendo reformas legislativas al Código de la Democracia para exigir declaraciones juramentadas detalladas sobre bienes e investigaciones activas antes de inscribir candidaturas seccionales.

Los representantes gremiales señalaron que transparentar la situación legal de los aspirantes fortalecerá la legitimidad de las autoridades electas en los distintos cantones.

Diversos juristas enfatizaron que el debate sobre la idoneidad de los aspirantes continuará marcando la agenda mediática hasta el día de las votaciones, recordando que el sufragio informado constituye la principal herramienta ciudadana para combatir las malas prácticas administrativas en los gobiernos locales.

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