- El Pleno legislativo aprobó con 84 votos instituir el 15 de noviembre como fecha nacional conmemorativa.
- La resolución rinde homenaje a operadores de justicia, policías y militares caídos en actos de servicio.
- El texto dispone que entidades estatales realicen anualmente actos de memoria y sensibilización ciudadana.
- El debate parlamentario reflejó posturas sobre la eficacia de las políticas de inteligencia y control penal.
Con el respaldo afirmativo de 84 asambleístas, el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este jueves 1 de octubre de 2026 una resolución histórica que declara formalmente el 15 de noviembre de cada año como el Día Nacional de la Lucha Contra el Crimen Organizado y Reconocimiento a la Memoria de las Víctimas, instituyendo una jornada oficial para honrar a los servidores públicos y ciudadanos que perdieron la vida a manos de estructuras narcodelictivas transnacionales.
La moción, presentada e impulsada en el hemiciclo por el legislador Adrián Castro, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), sumó también votos de las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC) y Pachakutik, disponiendo que las instituciones que integran el bloque de seguridad ejecuten actos cívicos y programas de concienciación en todo el territorio ecuatoriano.
Tributo a operadores de justicia, uniformados y víctimas civiles
Durante la sustentación del proyecto, Castro detalló cifras alarmantes de la violencia que ha golpeado a las instituciones republicanas entre los años 2020 y 2025, recordando que en dicho periodo fueron asesinados 275 servidores de la Policía Nacional, 12 fiscales, 4 jueces y 48 militares en cumplimiento del deber, incluyendo a los once uniformados caídos en emboscadas delictivas en el sector del Alto Punino.
La resolución legislativa hace mención explícita al magnicidio del fiscal antimafia César Suárez, perpetrado el 17 de enero de 2024 en Guayaquil mientras investigaba la incursión armada al canal TC Televisión y tramas de corrupción hospitalaria, así como al crimen del fiscal especializado Marcelo Vásconez, acribillado junto a su custodio policial en octubre de 2024 en Manta, catalogando estos hechos como agresiones directas contra el Estado de derecho.
El texto normativo dispone que cada 15 de noviembre el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Defensa Nacional organicen conferencias, campañas formativas de ética pública y ceremonias de tributo a los deudos de los servidores caídos en la lucha contra la delincuencia organizada.
Debate parlamentario y exigencias de política pública
Pese a la aprobación mayoritaria de la fecha conmemorativa, legisladores de la oposición señalaron que las declaraciones simbólicas deben estar acompañadas de presupuestos concretos para dotar de chalecos balísticos, armamento moderno y vehículos blindados a los policías en territorio, exigiendo que se atiendan de urgencia los cantones más afectados por las extorsiones en El Oro, Guayas y Esmeraldas.
El tratamiento legislativo sobre seguridad y combate a las mafias se articula con los debates normativos en los que la Asamblea remite a comisión reformas a Ley de Inquilinato previo a votación para fortalecer la seguridad jurídica y las garantías patrimoniales de los ciudadanos en los centros urbanos del país.
Voceros de la Fiscalía General del Estado saludaron el reconocimiento institucional brindado por el parlamento, ratificando el compromiso inquebrantable de los jueces y fiscales de continuar investigando a las redes criminales y al lavado de activos sin ceder ante amenazas o atentados.
Familiares de los policías, fiscales y militares homenajeados en la resolución legislativa acudieron a las barras del parlamento y manifestaron que el reconocimiento institucional debe traducirse en pensiones justas, becas educativas para sus hijos huérfanos y un acompañamiento psicológico continuo para los deudos de los servidores caídos en la lucha contra las mafias.
El Pleno de la Asamblea Nacional exhortó a las comisiones legislativas especializadas a dar prioridad a los proyectos de ley que fortalecen la inteligencia estratégica del Estado y la protección reforzada a los operadores de justicia que tramitan causas penales contra cabecillas de grupos narcodelictivos transnacionales en el Ecuador.
