- El Pleno legislativo debatió las reformas a la Ley de Inquilinato y devolvió el texto a comisión por ocho días.
- El proyecto de ley formaliza la entrega de garantías de arriendo fijando un tope de hasta dos cánones.
- Bancadas parlamentarias debaten excepciones para proteger a familias arrendatarias de escasos recursos.
- La normativa vigente data del año 2000 y requiere actualización procesal para resolver controversias.
El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador debatió este jueves 1 de octubre de 2026 en segunda instancia el proyecto de reformas a la Ley de Inquilinato, cuerpo normativo que regula las relaciones contractuales de arrendamiento urbano y rural en el país, resolviendo devolver el informe a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado por un plazo perentorio de ocho días para incorporar observaciones de las distintas bancadas antes de proceder a la votación definitiva.
La presidenta de la mesa legislativa, Rosa Torres, expuso ante el parlamento que la ley vigente data del año 2000 y no ha experimentado reformas sustanciales en más de dos décadas, por lo que contiene disposiciones obsoletas que dificultan la resolución ágil de controversias entre propietarios e inquilinos ante los jueces de inquilinato.
Debate sobre la garantía de arriendo y protección social
Entre los ejes medulares de la reforma consta la sustitución del término restrictivo de locales de arrendamiento por la denominación técnica de bienes inmuebles, ampliando la cobertura legal a diversas modalidades de uso habitacional y comercial.
Asimismo, el texto propuesto formaliza la exigencia de un depósito o garantía económica al momento de suscribir el contrato, práctica que hasta ahora operaba como una costumbre comercial sin respaldo legal expreso. El articulado fija como tope máximo de dicha garantía el equivalente a dos mensualidades o cánones de arrendamiento, ordenando que la devolución de los valores se efectúe en un plazo no mayor a 15 días posteriores a la entrega del inmueble en condiciones óptimas.
No obstante, legisladores de bancadas como Pachakutik y de la Revolución Ciudadana expresaron reparos sobre este acápite, argumentando que desembolsar dos cánones de garantía sumados al primer mes de renta y a los gastos de mudanza representa una barrera económica insalvable para familias de bajos ingresos, proponiendo que la garantía pueda pactarse de mutuo acuerdo o eximirse en casos de arrendamiento social.
Sanciones procesales y equilibrio contractual
La iniciativa legislativa contempla además mecanismos procesales expeditos para sancionar el incumplimiento en el pago reiterado de las pensiones locativas, así como multas pecuniarias para los arrendadores que incurran en cortes arbitrarios de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica como mecanismo de presión extrajudicial.
El debate parlamentario sobre derechos ciudadanos y vivienda digna acompaña otras resoluciones de alta relevancia política en las que la Cynthia Viteri y Jaime Nebot rompen diálogo con fuertes cruces sobre Guayaquil respecto a las prioridades sociales y de infraestructura que demandan los centros urbanos más poblados del país.
Informes de la Asamblea Nacional del Ecuador y análisis de la Defensoría del Pueblo coinciden en que la ley reformatoria debe alcanzar un justo equilibrio entre la seguridad jurídica de los propietarios para incentivar la inversión inmobiliaria y la tutela efectiva del derecho a un hábitat seguro para miles de familias ecuatorianas que dependen del mercado de alquiler.
Representantes de colegios de abogados y cámaras inmobiliarias sugirieron al legislativo que el fondo de garantía quede respaldado en cuentas fiduciarias o de depósito en el sistema financiero regulado para evitar que arrendadores inescrupulosos retengan los valores de forma arbitraria al vencimiento del plazo convenido.
El proyecto reformatorio continuará su trámite en la mesa legislativa durante la siguiente semana, donde se prevé convocar a delegados de asociaciones de inquilinos y promotores de vivienda social para consensuar una fórmula equitativa que garantice certeza jurídica a los propietarios y proteja los derechos de los sectores populares.
