- La mesa parlamentaria unificó cuatro propuestas de enmienda respaldadas por firmas ciudadanas.
- Las iniciativas abordan reformas al Consejo de Participación Ciudadana y requisitos para asambleístas.
- El informe técnico pasará a conocimiento de la presidencia legislativa para su inclusión en agenda.
- El segundo debate definitivo deberá esperar el plazo legal reglamentario de un año completo.
La Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó por unanimidad este 23 de septiembre de 2026 el informe no vinculante para primer debate sobre un paquete de enmiendas de iniciativa ciudadana, marcando un paso formal en la actualización normativa del Estado, en sintonía con las recientes discusiones en el Legislativo sobre marcos jurídicos, regulaciones de aviación civil y ordenamiento institucional en Ecuador.
El documento legislativo unifica cuatro propuestas que cuentan con el dictamen previo de procedimiento favorable expedido por la Corte Constitucional del Ecuador. Entre los ejes centrales constan la reestructuración de las facultades nominadoras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el endurecimiento de requisitos de probidad y formación académica para postular a curules legislativas, y el fortalecimiento de la descentralización fiscal hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Requisitos para legisladores y fiscalización de fondos públicos
Uno de los artículos que mayor consenso concitó al interior de la comisión parlamentaria es el que plantea reformar el artículo 119 de la Constitución, con el fin de exigir que quienes aspiren a ser asambleístas demuestren título profesional de tercer nivel o una trayectoria mínima de cuatro años en dirigencia comunitaria y laboral debidamente certificada. Asimismo, se incorporan inhabilidades expresas para quienes mantengan deudas tributarias en firme o pensiones alimenticias pendientes.
Respecto al CPCCS, la enmienda aprobada propone devolver a la Asamblea Nacional la atribución exclusiva de seleccionar y designar a las principales autoridades de control, tales como el Contralor General del Estado, el Procurador General, el Fiscal General de la Nación y los vocales de los Consejos de la Judicatura y Electoral, mediante concursos públicos de méritos fiscalizados por veedurías ciudadanas e impugnación social transparente.
Plazos obligatorios y cronograma hacia el segundo debate
De conformidad con el mandato estipulado en el artículo 441, numeral 2, de la Constitución de la República, una vez que el informe sea expuesto y discutido en el pleno legislativo en primera instancia, el proyecto deberá entrar en un período de suspensión reglamentaria obligatorio de un año completo antes de someterse a votación en segundo debate definitivo. Esta pausa legal tiene por objeto garantizar que la ciudadanía debata con suficiente madurez las repercusiones estructurales de los cambios planteados.
Bancadas de diversas tiendas políticas coincidieron en que este proceso democratizador legitima las demandas de la sociedad civil que recolectó firmas válidas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). No obstante, juristas recuerdan que tras la eventual aprobación parlamentaria en 2027, el texto final podría ser sometido a control constitucional automático para garantizar que no restrinja garantías fundamentales.
Descentralización de recursos hacia los gobiernos locales
El proyecto legislativo incorpora además mecanismos vinculantes para que las asignaciones presupuestarias a prefecturas y municipios no sufran demoras por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, garantizando que los fondos para vialidad rural, agua potable y saneamiento básico fluyan de manera automática desde la recaudación tributaria nacional.
Asimismo, se contempla fortalecer la autonomía financiera de las juntas parroquiales rurales, permitiéndoles ejecutar obras de infraestructura básica de manera directa sin requerir intermediaciones burocráticas cantonales complejas.
Organizaciones de veeduría social señalaron que vigilarán de cerca la discusión en el pleno para evitar que se diluyan los filtros de idoneidad ética y académica que las organizaciones ciudadanas promovieron a través de las firmas de respaldo en las 24 provincias.
La tramitación de este paquete de enmiendas demuestra la capacidad del Parlamento para encauzar demandas cívicas largamente postergadas, proyectando un horizonte de mayor exigencia técnica y transparencia para las instituciones del Estado ecuatoriano.
El compromiso asumido por los legisladores de todas las bancadas abre una oportunidad histórica para superar el desgaste institucional que ha caracterizado la designación de autoridades de control en la última década, devolviendo previsibilidad y confianza a la gestión pública.
