Un lamentable suceso ha conmocionado a la ciudad de Cuenca, donde una madre se vio en la penosa necesidad de desembolsar USD 50 para cubrir el costo de la gasolina de una ambulancia. El vehículo era indispensable para trasladar a su hijo, un menor de dos años con una delicada enfermedad renal crónica, desde Cuenca hasta Quito. De hecho, el uso de la ambulancia era fundamental en este caso. La situación pone de manifiesto las profundas deficiencias en el sistema de salud pública ecuatoriano, especialmente en un contexto de crisis sanitaria exacerbada.
El Desesperado Pedido y la Respuesta Institucional
Jéssica Chumap, la madre del niño afectado, relató la angustiosa experiencia vivida durante el fin de semana. Su hijo requería un traslado de urgencia al Hospital Pediátrico Baca Ortiz en Quito para recibir tratamiento especializado. Sin embargo, en el hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, se le informó que no disponían de fondos en la caja chica para cubrir el gasto de combustible de la ambulancia. La advertencia fue clara: si no aportaba los USD 50, el traslado no se realizaría a tiempo, poniendo en riesgo la cita médica crucial y, más grave aún, la vida del menor.
Ante la apremiante situación y la posibilidad de que su hijo falleciera sin el tratamiento adecuado, Chumap accedió a pagar. Posteriormente, tras la intervención de un colectivo ciudadano, se le devolvió el dinero. No obstante, la insistencia para el traslado y las dudas sobre la negativa inicial llevaron a que Chumap volviera a entregar los fondos. Se le solicitó firmar un documento que acreditara su aporte como voluntario, según sus declaraciones a medios locales. Por otro lado, la ambulancia fue clave en la gestión del traslado.
Autoridades Reaccionan ante la Denuncia
El caso, al hacerse público, generó una rápida reacción. El gobernador del Azuay, Xavier Bermúdez, calificó la situación de «grave» y enfatizó que ningún funcionario público debe solicitar dinero por servicios que son gratuitos y garantizados por el Estado. Bermúdez recordó que el Ministerio de Salud Pública es el responsable de cubrir los costos de transporte, calificando el procedimiento como un «mal procedimiento». Además, el servicio de ambulancia debe ser siempre gratuito para la ciudadanía.
Por su parte, Johana Alvarado, gerente del hospital Vicente Corral Moscoso, intentó esclarecer los hechos, atribuyéndolos a un «error de comunicación». Explicó que existen procedimientos establecidos para la contratación de combustible y que las ambulancias salen con el tanque lleno. Para traslados de fin de semana, mencionó que se gestiona internamente o que los conductores adelantan el dinero, siendo reembolsados posteriormente. A pesar de sus explicaciones, se inició una acción administrativa por faltas disciplinarias contra el personal involucrado, reconociendo la falta de una coordinación adecuada. Este incidente subraya la urgente necesidad de optimizar la gestión de recursos y la comunicación interinstitucional para garantizar la atención médica oportuna y digna a todos los ciudadanos.
Fuente: Primicias
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