- Según el estudio de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, en el país existe alrededor de 600.000 migrantes y refugiados.
- El estudio revela que los migrantes y refugiados necesitan financiamiento, pero no pueden acceder, entre otras cosas, por la normativa de techos a las tasas de interés, que está imposibilitando ampliar la inclusión financiera de este grupo vulnerable.
- El reporte evidencia el compromiso del sector financiero para atender a este grupo poblacional, pero destaca que podría ser mayor si las condiciones normativas lo permiten.
- El análisis y las perspectivas que ofrece el informe de CFI pretenden generar interés de las instituciones para una mayor inclusión financiera que garantice que todas las personas tengan acceso a servicios financieros básicos de manera justa y equitativa.
Quito D.M. 28 de noviembre de 2023
La inclusión al sistema financiero ecuatoriano es un desafío que también enfrentan las personas desplazadas por la fuerza (migrantes y refugiados radicados en el país). Un estudio de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial sobre las personas desplazadas por la fuerza (PDF) identificó las oportunidades de inclusión financiera que tiene este segmento en el sistema financiero ecuatoriano.
Entre los principales hallazgos, se encontró que los bancos, desde hace varios años, han desplegado esfuerzos para atender a este segmento poblacional, pero que su compromiso está limitado debido principalmente a la existencia de normativa de techos a las tasas de interés que impide que este segmento de la población tenga acceso al crédito en el sistema financiero formal.
Los PDF son un grupo clave para el país porque su inserción a la economía formal incrementa la recaudación de impuestos del Gobierno y ayuda al dinamismo de la economía nacional.
De acuerdo con el estudio, en el país existen alrededor de 600.000 PDF radicados principalmente en Quito y Guayaquil. De ese total, dos tercios han regularizado su estatus o están en proceso de solicitarlo.
La mayoría de ellos (86%) tiene entre 18 y 45 años, mientras que un 30%, con 25 años o más, tiene un título universitario. Se ha encontrado que el 40% de los PDF posee un empleo formal, lo que permite que la mediana de ingresos de los migrantes y refugiados alcance los USD 680, que es ligeramente superior a los USD 668 de los ecuatorianos. Según el reporte, estas características hacen de los PDF un grupo idóneo para insertarse en el mercado financiero formal.
En el ámbito financiero, el estudio de la Corporación Financiera Internacional (CFI) señala que los migrantes y refugiados tienen experiencia en el uso de productos financieros básicos y hay una gran demanda por el crédito productivo.
Alrededor de 130.000 de estas personas tienen una cuenta de ahorro en Ecuador, otras 350.000 personas desplazadas por la fuerza no tienen acceso a una cuenta, pero desean una para ahorrar a largo plazo. Además, alrededor de 251.000 (44%) migrantes y refugiados desean una tarjeta de crédito, sin embargo, solo 17.000 (3% del total) tienen acceso a este producto financiero.
El acceso a una cuenta bancaria crea nuevas oportunidades económicas, reduce la brecha de género y genera resiliencia de los hogares para gestionar mejor las crisis financieras. Pese a ello, todavía existen retos de inclusión financiera en el crédito ya que aproximadamente 42.000 migrantes y refugiados (7%) tienen préstamos vigentes en el sistema financiero ecuatoriano (USD 126 millones) y en el mercado informal (USD 11 millones).
Los desembolsos de los créditos -en promedio- alcanzaron los USD 3.178. El estudio de la CFI señala que la mayoría de los préstamos se concedieron para negocios (51,5%), es decir, a PDF microempresarios.
Estas cifras ratifican lo que ya evidenció el informe del Global Findex 2021 del Banco Mundial, que señala que 2 de cada 10 personas mayores a 15 años en Ecuador tienen acceso a financiamiento formal en el sistema financiero. El resto de la población estaría expuesta al chulco, pagando tasas exorbitantes y poniendo en riesgo su tranquilidad e incluso su integridad física.
Las cifras de acceso a productos y servicios financieros demuestran que las personas desplazadas por la fuerza están demandando más financiamiento, en el sistema financiero formal pero no pueden acceder a él debido a la normativa de techos a las tasas de interés, controles en tarifas, así como temas ligados a requisitos normativos.
En particular, los techos a las tasas de interés no permiten que se determinen tasas en función del riesgo de cada cliente, y no reflejan las condiciones del mercado en la coyuntura actual y, por ende, afecta principalmente a los más vulnerables, lo impide que se incluya más personas al sistema financiero formal.
Las regulaciones excesivas de control de precios a las tasas de interés favorecen al desarrollo de un mercado financiero informal (chulco), pagando tasas de interés por sobre el 1200% anual (Equifax, 2021).
Además de la problemática de techos a las tasas de interés, existen otras barreras estructurales que impiden el acceso a crédito de estos ciudadanos, como la falta de documentación, la verificación de empleo debido a que este grupo trabaja -en su mayoría- en la informalidad y a la falta de historial crediticio.
Por eso, deben crearse las condiciones para que más personas accedan al sistema financiero, de allí que crear programas de garantía crediticia, impulsar una mayor digitalización y mejorar el acceso a información alternativa que permita la evaluación crediticia son parte de las soluciones.
En definitiva, el análisis y las perspectivas que ofrece el informe de CFI del Banco Mundial busca promover una mayor inclusión financiera que garantice que todas las personas, sin importar su nivel de ingresos, género, ubicación geográfica, nacionalidad u otras características, tengan acceso a servicios financieros básicos de manera justa y equitativa.
