El proceso de negociación entre el Estado ecuatoriano y las principales empresas de telecomunicaciones, Claro y Movistar, reviste una importancia crucial en la actualización de cláusulas de seguridad en los contratos que regirán su relación. Encabezadas por el Ministro de Telecomunicaciones, César Martín, las conversaciones, que datan del 4 de diciembre de 2023, han experimentado dos suspensiones significativas. La última de ellas, anunciada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) en la Resolución Arcotel-2023-0260, determinó un receso hasta el 30 de mayo de 2024.
Estas reuniones, que inicialmente tenían un plazo de 120 días desde su inicio en diciembre de 2022, se extendieron debido a diversos factores, entre ellos la falta de insumos cruciales para el proceso. En particular, la evaluación del espectro radioeléctrico por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) resultó indispensable para avanzar, pero su disponibilidad se vio demorada.
El contexto de seguridad nacional ha añadido una capa adicional de complejidad a estas negociaciones. La exministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, propuso la inclusión de cláusulas de seguridad más estrictas, como la instalación de inhibidores de señal en las cárceles, aunque su incorporación exacta en los nuevos contratos aún está por definirse.
La revisión y actualización de estas cláusulas de seguridad son críticas, especialmente considerando el entorno actual, notablemente distinto al de años anteriores. La Arcotel ha solicitado la autorización de información reservada al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa para informar a los representantes de las empresas de telecomunicaciones sobre los requisitos específicos que deberán cumplir.
Para concluir el proceso de negociación, además de la evaluación del espectro radioeléctrico y la determinación de los derechos de concesión del Servicio Móvil Avanzado, se deben acordar aspectos relacionados con los pliegos tarifarios, planes de expansión y las mencionadas cláusulas de seguridad.
Finalmente, antes de la firma de los nuevos contratos, se requerirá el Dictamen Favorable de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Se espera que todo el proceso concluya en septiembre de 2024, mientras tanto, tanto Claro como Movistar operan bajo prórrogas en sus contratos de concesión otorgadas en 2023 para garantizar la continuidad del servicio de telefonía celular en el país.
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