La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) identificó 387 zonas de minería ilegal en el país. En la provincia de Loja se ubican cinco y en Zamora Chinchipe once. Autoridades locales y gremios alertan sobre los daños ambientales inmediatos.
Actividad ilícita se concentra en zonas vulnerables
El Gobierno Nacional, a través de Arcom, identificó 387 puntos donde se realiza minería ilegal en Ecuador. De ese total, 16 se ubican en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe.
Cinco de estos focos están en Loja, específicamente en los cantones Macará, Paltas, Puyango y Calvas. En Zamora Chinchipe se hallaron once, dispersos en varios cantones amazónicos.
Condiciones geográficas favorecen la minería ilegal en Loja
Fabián Rodríguez Guerrero, presidente de la Cámara de Minería de Loja, explicó que la geografía de ciertos cantones propicia la ejecución de actividades mineras. A la lista oficial podría sumarse también Zapotillo.
Rodríguez señaló que una de las razones del aumento de minería ilegal fue el cierre prolongado del catastro minero, lo que impidió a solicitantes acceder a concesiones legales.
Además, destacó que la explotación en ríos es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), y en muchos casos estos no actúan ni denuncian.
Impacto ambiental es inmediato y preocupante
Los efectos negativos de esta actividad no se hacen esperar. La minería sin control técnico contamina los ríos, genera huecos y altera el cauce de los afluentes.
Rodríguez advirtió que ya se observan desviaciones de ríos en Zamora Chinchipe, lo cual podría derivar en inundaciones.
Zamora Chinchipe: 11 puntos bajo observación
En la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, Arcom identificó puntos críticos de minería ilegal en Zumbi, Cumbaratza, Yantzaza, Nangaritza, el Parque Podocarpus, Centinela del Cóndor, Paquisha, Panguintza, Chinapintza, La Saquea y Yacuambi.
Paúl Pineda Cordero, presidente de la Cámara de Minería de Zamora, recalcó que esta es la Capital Minera del Ecuador, por lo que resulta urgente diferenciar los tipos de minería en ejecución: subterránea, aluvial o de calizas, entre otras.
Gremios rechazan estigmatización
Pineda aseguró que las autoridades deben actuar con base en información técnica. Propuso que los alcaldes actualicen sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) para identificar zonas de explotación legal y compartir esa información con las entidades estatales.
Criticó también la generalización que vincula a todo el sector con actividades ilegales.
«El habernos puesto a los mineros en un solo grupo como promotores de la minería ilegal es discriminatorio, inhumano y una aplicación de la ley sin fundamentos», afirmó.
Según el dirigente, quienes destruyen los ríos no forman parte del gremio, y allí es donde debe enfocarse el control.
El catastro minero: una clave para el ordenamiento
El catastro minero fue cerrado en enero de 2018 por irregularidades y presiones sociales y ambientales.
Tras siete años y cuatro meses de inactividad, el 16 de junio de 2025 fue reabierto por etapas.
Esa decisión es vista por varios actores como un paso necesario para regularizar la actividad minera y frenar la expansión ilegal.
El control sigue siendo el gran desafío
Tanto en Loja como en Zamora Chinchipe, las autoridades reconocen que los operativos del Ejército no han logrado frenar la minería ilegal.
La proliferación de esta actividad ha generado serios impactos en las comunidades, los ecosistemas y los ríos.
El fortalecimiento del control estatal y la coordinación entre los niveles de gobierno aparecen como condiciones urgentes para revertir esta tendencia.
Fuente: Crónica
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