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Minería en Ecuador en plena redefinición: cambios legales llegan en medio del récord del oro y el cobre

Minería en Ecuador

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El sector minero ecuatoriano inicia 2026 con modificaciones relevantes en su marco normativo. Esto ocurre en un contexto internacional marcado por los precios históricos del oro y el cobre. A través del Decreto Ejecutivo No. 273, el presidente Daniel Noboa introdujo ajustes clave al Reglamento General de la Ley de Minería. Estos tienen impactos directos en regalías, concesiones, control de minería ilegal y contratos. Además, estas decisiones buscan fortalecer la participación del Estado y ordenar la actividad minera. Sin embargo, también generan inquietudes sobre la seguridad jurídica del sector.

Minería en Ecuador

Un nuevo escenario para la minería ecuatoriana en 2026

Mientras el sector minero esperaba la reapertura del catastro minero —cerrado desde 2018— para nuevas concesiones, el Gobierno optó por modificar las reglas vigentes. El decreto, emitido el 31 de diciembre de 2025, redefine aspectos que durante años generaron vacíos legales y debates entre el Estado y las empresas mineras.

Estas reformas llegan en un momento en el que los metales atraviesan un ciclo favorable de precios. Esto abre oportunidades económicas, pero también exige mayor control y regulación por parte del Estado.

Nueva fórmula para el cálculo de regalías mineras

Uno de los cambios más relevantes es la introducción de una fórmula específica para calcular las regalías que pagan las empresas mineras. Esta fórmula es diferenciada por tipo de minería —pequeña, mediana y gran escala— y por tipo de metal.

Hasta ahora, este cálculo no estaba claramente definido en el reglamento. Esto obligaba a negociar las regalías caso por caso durante la firma de los contratos de explotación. Con el nuevo decreto, en el caso del oro y la plata, la regalía se calculará sobre los ingresos brutos, sin posibilidad de descontar gastos.

Esto implica que las empresas pagarán un mayor monto al Estado, ya que la base imponible será más alta. No obstante, expertos señalan que, debido a los precios récord del oro y el cobre, este ajuste no representaría un impacto crítico inmediato para las compañías.

Diferencias en el cálculo según el tipo de metal y proyecto

Para otros minerales, como el cobre, el cálculo de las regalías dependerá del tamaño del proyecto. En la pequeña y mediana minería, la regalía se calculará sobre el ingreso neto, descontando los costos de beneficio, refinación y transporte.

En cambio, en los proyectos de gran escala de cobre, solo se podrán descontar los gastos de refinación y transporte. Esta diferenciación busca equilibrar la rentabilidad de los proyectos con una mayor recaudación para el Estado.

Cesión parcial de concesiones para dinamizar inversiones

Otra novedad introducida por el Decreto Ejecutivo No. 273 es la posibilidad de ceder o traspasar porcentajes de una concesión minera entre empresas. Antes, la normativa solo permitía transferir la totalidad de la concesión, lo que limitaba la flexibilidad y la asociación entre compañías.

Considerando que una concesión minera de gran escala puede alcanzar en promedio las 5.000 hectáreas, esta modificación permitirá que varias empresas se asocien. Esto facilitará trabajar en una misma área, facilitando la entrada de nuevos capitales y dinamizando la inversión en el sector.

Menos trabas para desalojar a mineros ilegales

El decreto también introduce cambios para enfrentar la minería ilegal. Las empresas que sufran invasiones dentro de sus concesiones podrán solicitar amparos administrativos con mayor facilidad para lograr el desalojo de actividades ilegales.

Antes, el reglamento exigía identificar con nombres y apellidos a las personas que realizaban la invasión. Esto era prácticamente imposible de cumplir, considerando que muchas actividades están vinculadas a grupos armados y organizaciones delictivas. Con la eliminación de este requisito, el proceso se vuelve más viable y seguro para las empresas concesionarias.

Facultades del Estado para revisar contratos mineros

Uno de los puntos que genera mayor preocupación en el sector es la facultad otorgada al Ministerio de Energía y Minas. Este puede revisar, modificar o renegociar los términos de los contratos mineros en cualquier etapa del proceso precontractual. Se hará cuando lo considere necesario para proteger los intereses del Estado.

Expertos advierten que esta disposición podría generar inseguridad jurídica. Esto se debe a la posibilidad de cambios unilaterales en condiciones previamente acordadas, afectando la previsibilidad de las inversiones.

Registro obligatorio ante la UAFE para comercializar minerales

El decreto establece, además, que los concesionarios mineros deberán registrarse obligatoriamente en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Este es un requisito previo para la comercialización de minerales.

Para acceder a este registro, las empresas deberán acreditar un patrimonio mínimo de USD 400.000. Las personas naturales deberán demostrar al menos USD 250.000. Sin este registro, no se permitirá la venta de metales, una medida orientada a reforzar los controles financieros y prevenir actividades ilícitas.

¿Podrán extinguirse concesiones ya otorgadas?

El texto del decreto contempla la posibilidad de que el Estado declare extinta una concesión minera si, tras cuatro años desde la entrega del título, la empresa no ha obtenido los permisos necesarios para iniciar operaciones. Igualmente, si no ha presentado la documentación requerida.

Este punto ha generado inquietud, ya que podría limitar el derecho de las empresas a justificar retrasos. Esto incluye retrasos ocasionados por factores externos, como la oposición social, la lentitud de los trámites administrativos o los cambios institucionales. En 2025, el Gobierno ya había advertido que retiraría concesiones a grandes mineras que no cumplieran con las inversiones comprometidas.

Un equilibrio entre control estatal e inversión privada

Los cambios introducidos por el Decreto Ejecutivo No. 273 marcan un nuevo capítulo para la minería en Ecuador. Mientras el Gobierno busca mayor control, transparencia y participación estatal en un sector estratégico, las empresas analizan el impacto de estas reformas en la seguridad jurídica y en el clima de inversión.

En un contexto de precios récord del oro y el cobre, el desafío será encontrar un equilibrio. Este debe permitir aprovechar el potencial minero del país sin frenar el desarrollo de nuevos proyectos.

Fuente: Primicias

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