La alarma resuena en Las Pampas, aún antes de que el sol despunte en el horizonte. Este llamado congrega a los lugareños en la plaza principal de esta apacible parroquia en Cotopaxi. Allí, tres camionetas aguardan, en contraste con la serenidad del entorno, para transportar a un grupo de manifestantes hacia la cercana comunidad de Palo Quemado. El propósito: oponerse al proyecto minero propuesto por la empresa canadiense Atico Mining, que busca establecer una operación de mediana escala en la región. Desde julio del año anterior, Las Pampas, hogar de poco más de 2.000 personas, se ha convertido en el epicentro de las protestas antimineras en Ecuador.
El paisaje que rodea Palo Quemado, custodiado por militares apostados en las alturas, es el telón de fondo de esta lucha. Los manifestantes, unos cien en número, se acercan a la entrada del pueblo, solo para encontrar el camino bloqueado por una brigada antidisturbios. Entre ellos, Luis Martínez, un agricultor de 37 años, expresa con firmeza: “Acá los suelos son campos verdes todo el año. Acá produce todos los días del año. No queremos minería porque no queremos arriesgar las fuentes de trabajo que venimos sosteniendo desde décadas y décadas atrás”. Su voz, como la de muchos en la zona, clama por la preservación de la vida rural y las tradiciones arraigadas en la tierra.
La disputa tiene su raíz en los yacimientos descubiertos en Palo Quemado desde 1996, atrayendo el interés de varias compañías mineras, incluida Atico Mining, cuyo proyecto La Plata se encuentra ahora en la etapa de examen de factibilidad. Sin embargo, las preocupaciones locales van más allá de los recursos enterrados bajo tierra. Agricultores como Martínez temen que las actividades mineras afecten la calidad y disponibilidad del agua, vital para la producción de alimentos y la vida misma en estas tierras.
El conflicto refleja una encrucijada mayor en Ecuador, donde el gobierno ve en la minería una oportunidad de desarrollo económico. El presidente Daniel Noboa ha destacado la importancia del sector, que ha atraído inversiones significativas al país. Sin embargo, las comunidades locales, respaldadas por organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se oponen vehementemente, argumentando los riesgos para el medio ambiente y el tejido social. En este contexto, la consulta ambiental emerge como un punto de inflexión, aunque su aplicación y alcance siguen siendo temas de controversia.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste en Las Pampas y Palo Quemado, donde las divisiones y tensiones amenazan con desgarrar el tejido comunitario. En medio de esta batalla por el futuro de la región, la pregunta queda en el aire: ¿Puede la minería y la vida rural coexistir en armonía, o están condenadas al conflicto perpetuo?
Fuente:
kchcomunicacion.com
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