La demanda de inconstitucionalidad sobre el decreto que viabiliza la consulta ambiental ha generado una serie de trabas que impiden el desarrollo del país y la atracción de inversiones.
En el año 2022, Ecuador se ubicó rezagado en el ranking de atracción de inversiones en América Latina, obteniendo solo $829 millones, mientras que países como Honduras y Nicaragua superaron los $1.000 millones. Durante el primer trimestre de 2023, la Inversión Extranjera Directa (IED) apenas alcanzó los $17 millones, agravando la necesidad de más empleo y recursos para cubrir las crecientes necesidades del país.
Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas, explica que existen sectores que promueven el caos y la inseguridad jurídica, contribuyendo a una economía “triple I”: Incertidumbre, Inestabilidad e Inseguridad. La aceptación a trámite de la demanda contra el decreto ejecutivo que viabiliza la consulta ambiental es la última acción que ha paralizado la concesión de licencias ambientales para proyectos productivos indispensables en medio de la crisis.
La demanda, interpuesta por líderes indígenas y defensores de derechos humanos, ha dejado sin piso la concesión de licencias ambientales para 176 proyectos productivos en diversas áreas, lo que representa una seria amenaza para la economía del país.
El Ministerio de Ambiente rechazó la suspensión del decreto 754, argumentando que afecta a todos los sectores productivos que requieren licencias ambientales, incluyendo el minero y petrolero. Las acciones legales buscan paralizar todo el proceso productivo y otorgar poder de veto a las comunidades sobre cualquier proyecto.
La doctora en derecho, María Amparo Albán, califica la decisión de la Corte Constitucional como una barbaridad que cierra la posibilidad de presentar proyectos de inversión, afectando a todas las áreas, desde la industria minera hasta infraestructuras como carreteras y hospitales.
La paralización de proyectos representa un riesgo grave, aumentando la ilegalidad en la obtención de permisos legales. Se señala que el Gobierno de Guillermo Lasso podría verse imposibilitado de emitir licencias ambientales para inversiones críticas en el país.
Es urgente una estrategia conjunta para evitar más pérdida de oportunidades, y se sugiere que el presidente Lasso emita un nuevo decreto acogiendo las objeciones de la Corte Constitucional y aclare la ejecución de la consulta ambiental. Es necesario tomar acciones a nivel estatal para contrarrestar el impacto negativo de esta decisión judicial y permitir el avance y desarrollo del país.
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