El proceso de enjuiciamiento político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, entrará en una nueva fase. Esto ocurrirá el jueves 15 de enero de 2026, cuando la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se reúna. Se abordará el conocimiento y calificación de la solicitud presentada por el bloque de la Revolución Ciudadana.
La comisión, presidida por el asambleísta Ferdinan Álvarez, está integrada mayoritariamente por legisladores del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional. Este hecho ha generado cuestionamientos desde la bancada correísta sobre la imparcialidad del trámite.
Pedido de excusa por presunto conflicto de interés
Viviana Veloz, asambleísta de la Revolución Ciudadana, es una de las proponentes del juicio político. Solicitó que José Nango y Luigi García se excusen de participar en el proceso. Esto es dentro de la Comisión de Fiscalización. Según la legisladora, ambos casos representarían posibles conflictos de interés. Esto podría afectar la transparencia del trámite.
Veloz argumentó que el hijo de José Nango, exintegrante de Pachakutik y actualmente cercano al oficialismo, trabaja en el Consejo de la Judicatura de Pastaza. Además, señaló que el legislador tendría una denuncia en la Fiscalía por un presunto delito de violación.
En el caso de Luigi García, también asambleísta de ADN, Veloz sostuvo que su padre mantiene vínculos con una firma de abogados. En esta firma participa Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy. A su criterio, esto comprometería la independencia del legislador.
Respuesta de la presidencia de la Comisión
Ferdinan Álvarez rechazó los señalamientos del correísmo y desestimó el pedido de excusa planteado por Veloz. Afirmó que no existe evidencia de parentesco ni relación societaria directa entre los asambleístas mencionados y el presidente del Consejo de la Judicatura.
El titular de la Comisión de Fiscalización aseguró que las afirmaciones realizadas no configuran causales legales para una excusa. Pidió que cualquier acusación sea respaldada con pruebas concretas. También sostuvo que el hecho de que un familiar de un legislador trabaje en una institución pública no constituye automáticamente un conflicto de interés.
Álvarez enfatizó que el proceso debe ajustarse a lo que establece la ley. Criticó lo que considera intentos de construir un relato sin sustento jurídico dentro del debate político.
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