El futuro de Mario Godoy al frente del Consejo de la Judicatura permanece incierto. Esto sucede mientras avanza el juicio político en su contra en la Asamblea Nacional. Dicho proceso podría definir la estabilidad institucional del sistema judicial ecuatoriano.
La Comisión de Fiscalización concluirá la sustanciación del juicio el 10 de febrero de 2026. En esa fecha se cerrará la recepción de pruebas tanto de cargo como de descargo dentro de la causa por presunto incumplimiento de funciones relacionado con Mario Godoy.
Testimonios incorporados al expediente legislativo
Hasta el 6 de febrero se receptaron ocho versiones de testigos vinculados al correísmo. Estas serán incorporadas formalmente al expediente del juicio político. Entre los comparecientes constan la exvocal del Consejo de la Judicatura Solanda Goyes, los abogados Ramiro García y Washington Andrade, y el juez anticorrupción Carlos Serrano. Además, algunos testimonios mencionan el nombre Mario Godoy como figura central del proceso.
En sus declaraciones se expusieron hipótesis sobre presuntas presiones ejercidas desde la Dirección del Consejo de la Judicatura de Pichincha. Estas buscaban incidir en decisiones judiciales relacionadas con un proceso por narcotráfico que involucraría al ciudadano serbio Jezdimir Srdan.
Falta de definición sobre el respaldo político
Por el momento no está claro si las pruebas recopiladas serán suficientes para que la Comisión de Fiscalización recomiende que el juicio continúe en el Pleno de la Asamblea. Esta comisión está controlada por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional; mientras tanto, el caso que involucra a Mario Godoy sigue captando atención política.
Para una eventual censura y destitución de Mario Godoy se requieren al menos 101 votos, un escenario que todavía no se consolida en el Parlamento.
Debate público sobre una posible permanencia hasta 2031
La posibilidad de que Mario Godoy continúe en la presidencia del Consejo de la Judicatura hasta 2031 ha generado preocupación en distintos sectores jurídicos y académicos. En efecto, el debate gira en torno a Mario Godoy y su legitimidad institucional.
El abogado Rafael Oyarte ha señalado que, de mantenerse Godoy en el cargo, persistirían problemas estructurales como la falta de evaluación a jueces. También persiste la ausencia de concursos para la Corte Nacional de Justicia y la existencia de tribunales sin jueces titulares.
Riesgos institucionales y de gobernabilidad
El constitucionalista Luis Ávila advirtió que la permanencia de Mario Godoy profundizaría la crisis de la justicia. Además, trasladaría el costo político al Gobierno, debilitando la gobernabilidad y poniendo en riesgo el Estado de derecho.
Ávila también señaló que este escenario dificultaría el cumplimiento de los procesos derivados de la consulta popular de 2024. Entre ellos estarían los concursos para jueces constitucionales y magistrados de la Corte Nacional. La presencia de Mario Godoy en este contexto añade complejidad a la gobernabilidad judicial.
En la misma línea, el docente universitario Paúl Córdova afirmó que una continuidad de Godoy implicaría una gestión sin legitimidad y con escaso respaldo profesional. Esto complicaría la conformación de tribunales de evaluación y la participación de juristas en futuros concursos. Por cierto, el nombre Mario Godoy aparece constantemente en las discusiones sobre estos riesgos.
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