Mario Godoy consiguió un respiro clave dentro del juicio político que se tramita en su contra en la Asamblea Nacional. Esto ocurrió luego de que la Comisión de Fiscalización aceptara decisiones que fortalecen su estrategia de defensa y retrasan el avance del proceso impulsado por el correísmo.
La Comisión, controlada por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional, autorizó la acreditación del abogado defensor del presidente del Consejo de la Judicatura. Además, suspendió la sesión hasta que el Ministerio del Interior y la propia Judicatura entreguen información solicitada para sustentar su defensa.
Las acusaciones que motivan el proceso
El juicio político contra Mario Godoy se basa en tres causales planteadas por la Revolución Ciudadana. La primera se refiere a presuntas presiones indebidas al juez anticorrupción Carlos Serrano. Este juez denunció en diciembre de 2025 haber recibido un pedido para fallar a favor en un caso de narcotráfico.
La segunda acusación apunta a un supuesto conflicto de interés por el patrocinio legal de la cónyuge de Godoy, Dolores Vintimilla, en un proceso relacionado con narcotráfico. Por otro lado, la tercera se sustenta en la denuncia de la jueza Nubia Vera. Ella afirmó que en 2024 recibió un pendrive con una resolución para fallar en un caso vinculado a la entonces vicepresidenta Verónica Abad.
Defensa técnica y decisiones de la Comisión
Aunque Godoy no respondió directamente a los cuestionamientos durante la sesión, logró que la Mesa de Fiscalización acredite formalmente a su abogado, Stalin Raza. Este podrá presentar pruebas y realizar interrogatorios en las siguientes etapas del proceso.
Godoy aseguró que las acusaciones tienen un trasfondo político y sostuvo que buscan desacreditar a la máxima autoridad de la Judicatura en un año electoral. Además, recalcó que la acreditación de su defensa no implica su ausencia en el proceso legislativo.
Pruebas excluidas del expediente
Previo a la suspensión de la sesión, la Comisión resolvió no admitir nuevas pruebas documentales propuestas por los interpelantes. Entre ellas se encontraban audios y videos certificados de la comparecencia de la jueza Nubia Vera ante la Comisión de Justicia, realizada el 26 de diciembre de 2024.
También fue rechazada la incorporación de las alertas emitidas por Samantha Lozada, exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura en Orellana. Ella denunció en enero de 2025 haber quedado sin protección institucional pese a amenazas del crimen organizado.
Cuestionamientos por falta de imparcialidad
Desde el correísmo se sostiene que las decisiones adoptadas favorecen a Mario Godoy y buscan evitar su censura y destitución. La asambleísta Ana Herrera calificó de improcedentes las resoluciones de la Comisión y cuestionó su imparcialidad.
En respuesta, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, defendió la actuación del organismo y afirmó que se está garantizando el derecho a la defensa dentro del proceso.
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