El Consejo de Administración Legislativa aprobó de forma unánime el inicio del juicio político Mario Godoy durante una sesión virtual realizada el 11 de enero de 2026.
Con esta decisión, el organismo legislativo envió la solicitud a la Comisión de Fiscalización y Control Político, instancia que deberá continuar con el trámite conforme a la normativa vigente.
Informe técnico respalda la solicitud presentada
Las autoridades del CAL analizaron el informe técnico jurídico elaborado por la Unidad Técnica Legislativa. El documento concluyó que la solicitud cumple con los requisitos legales y formales exigidos para este tipo de procesos.
El informe recomendó admitir el trámite planteado por los asambleístas de la Revolución Ciudadana: Rebeca Viviana Veloz Ramírez, Raúl Arturo Chávez Núñez del Arco, Liliana Elizabeth Durán Aguilar, Franklin Omar Samaniego Maigua y Julio Vicente Patricio Xavier Lasso Mendoza.
Moción impulsada desde la directiva del CAL
Tras la lectura del informe, Mishel Mancheno, primera vicepresidenta del CAL y legisladora de ADN, presentó la moción para dar paso al proceso de control político contra el titular del Consejo de la Judicatura.
Durante su intervención, Mancheno señaló que el control político constituye una responsabilidad constitucional cuando existen cuestionamientos sobre la gestión judicial. También recalcó que la transparencia debe prevalecer y que el escrutinio público alcanza a todas las autoridades.
Asamblea respalda el inicio del trámite político
La moción recibió el respaldo de los seis asambleístas presentes: Niels Olsen, Mishel Mancheno, Sade Frischi, Samuel Celleri, Mónica Salazar y Steve Ordóñez. La legisladora Carmen Tiupul no participó en la sesión.
Luego de la votación, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, afirmó que el procedimiento avanzó dentro de los plazos legales y con respeto al debido proceso. Indicó además que la Comisión de Fiscalización continuará con el análisis sin adelantar conclusiones.
Denuncia origina cuestionamientos a la Judicatura
El presidente del Consejo de la Judicatura enfrenta observaciones tras una denuncia presentada por el juez Carlos Serrano, hecho que motivó la activación del proceso de fiscalización en el Legislativo.
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