La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dio paso al juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. El proceso se inició con una decisión clave: el oficialismo bloqueó la mayoría de pruebas solicitadas por la Revolución Ciudadana.
Cinco asambleístas correístas impulsaron la interpelación por presunto incumplimiento de funciones. Las acusaciones se relacionan con supuestas presiones dentro de la Función Judicial en casos de corrupción y narcotráfico.
Mario Godoy deberá acudir a la Comisión para presentar su defensa. El plazo para definir su continuidad en el cargo vence el 20 de febrero de 2026.
ADN frenó la incorporación de nuevas pruebas
Horas antes de la comparecencia de Godoy, el presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, convocó a una sesión extraordinaria. En ella se analizó el pedido del correísmo para sumar ocho pruebas nuevas al expediente.
Acción Democrática Nacional y sus aliados aprobaron solo dos. El oficialismo sostuvo que el resto no se vinculaba con los hechos descritos en la solicitud presentada en diciembre de 2025.
Según Álvarez, aceptar nuevas pruebas podía vulnerar el derecho a la defensa de Mario Godoy, al incluir hechos que no constaban en la acusación original.
El caso del pendrive no fue admitido
Entre las pruebas rechazadas constan los audios y videos de la sesión de la Comisión de Justicia del 26 de diciembre de 2024. Ese día, la jueza Nubia Vera afirmó que recibió un pendrive con insumos para una sentencia.
Los acusadores señalaron que Mario Godoy y funcionarios de la Judicatura entregaron ese material. Sin embargo, la Comisión concluyó que los legisladores pudieron presentar esa evidencia desde el inicio del proceso.
Audios aceptados y alertas descartadas
La Comisión sí incorporó un audio difundido en redes sociales. En la grabación, María José Guadamud, exesposa de Roger Tumalli, afirma que él redactó una sentencia que luego Godoy entregó a la jueza Vera.
También se aceptó como prueba la intervención de Mario Godoy durante la sesión del Pleno de la Asamblea del 5 de enero de 2025.
En contraste, ADN y Pachakutik rechazaron incluir las alertas de Samantha Lozada, exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura en Orellana. Ella denunció amenazas y falta de protección institucional, lo que la obligó a salir del país en enero de 2025.
Los votos no alcanzan para la destitución
El juicio político generó fuertes críticas desde la Revolución Ciudadana. El asambleísta Luis Fernando Molina acusó al oficialismo de proteger a Mario Godoy y minimizar denuncias graves.
Para censurar y destituir al presidente del Consejo de la Judicatura se necesitan 101 votos. El correísmo cuenta por ahora con 68 apoyos confirmados.
La falta de 33 votos deja el futuro del proceso en manos de una posible ruptura dentro de ADN, un escenario que aún no se concreta.
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