La designación de Marco Rodríguez Ruiz como presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia ha reactivado un intenso debate público. Esto se debe a su participación en un fallo judicial emitido en 2018 que favoreció a Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, entonces líder de la organización criminal Los Choneros.
El nombramiento se oficializó el 14 de enero de 2026, luego de la renuncia de José Suing, quien dejó el cargo tras las críticas generadas por haber propuesto a Mario Godoy para presidir el Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, este contexto político y judicial ha colocado nuevamente bajo la lupa decisiones pasadas de los magistrados que hoy ocupan cargos clave.
Un fallo que volvió a la palestra judicial
El caso que rodea a Marco Rodríguez corresponde al proceso 13246-2012-0033, relacionado con el asesinato de Jairon Carreño Mendoza, ocurrido en Manta en 2011. Por este crimen, Zambrano había sido condenado inicialmente a 25 años de prisión como autor del delito.
No obstante, el 9 de octubre de 2018, un Tribunal de Revisión de la Corte Nacional de Justicia, integrado por Marco Rodríguez, Iván Saquicela y Edgar Flores Mier, resolvió revocar la sentencia y ratificar el estado de inocencia del procesado. Además, la decisión se sustentó en la aceptación de nuevos testimonios que ubicaban a Zambrano en Guayaquil al momento del crimen. Esto llevó al tribunal a concluir que existía una imposibilidad física de que hubiese cometido el asesinato.
El rol de la defensa y los vínculos cuestionados
La defensa técnica de alias Rasquiña estuvo a cargo de Dolores Vintimilla, actual esposa de Mario Godoy, junto con el abogado José García, exsocio de Godoy. Además, ambos lograron que el tribunal aceptara las pruebas presentadas como elementos suficientes para revertir la condena.
Este hecho ha cobrado especial relevancia debido a los actuales cuestionamientos que enfrenta Godoy. Él es objeto de un juicio político en la Asamblea Nacional, tras la filtración de un audio que evidenciaría presiones a un juez en otro proceso judicial de alto perfil.
La reducción de pena que allanó la liberación
Aunque el fallo de 2018 fue determinante, no fue el único factor que condujo a la salida de prisión de Zambrano. En 2019, dentro del proceso 09286-2018-04915, el entonces juez José Tamayo Arana aplicó el principio de favorabilidad. En consecuencia, redujo una pena de 20 años a ocho.
Esta resolución permitió que alias Rasquiña cumpliera casi la totalidad de la condena en un menor plazo. Posteriormente, Tamayo fue destituido y sentenciado a tres años de prisión por prevaricato, en un caso donde también fue defendido por Dolores Vintimilla y abogados cercanos al entorno de Godoy.
La prelibertad y el desenlace final
El 5 de junio de 2020, la jueza Alzira Beatriz Benítez concedió a Zambrano el beneficio de prelibertad bajo régimen semiabierto. Ella consideró que había cumplido más del 97% de la pena reducida y que no existían impugnaciones pendientes por parte de la Fiscalía.
Meses después, en diciembre de 2020, alias Rasquiña fue asesinado en un centro comercial de Manta. Su muerte provocó un reordenamiento interno dentro de Los Choneros y marcó el inicio de una escalada de violencia criminal que continúa afectando al país.
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