La Comisión Cívica de seguimiento al concurso para la designación del Fiscal General del Estado alertó sobre presuntas irregularidades en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. Este organismo es responsable de conducir el proceso. Marcelo Espinel, vocero de la Comisión Cívica, afirmó que existe un retraso constante y preocupante en la designación de la nueva autoridad de la Fiscalía. Según él, esta situación afecta la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
Los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección fueron designados el pasado 14 de enero. Sin embargo, según el análisis de la Comisión Cívica, una parte significativa no cumpliría con los requisitos exigidos por el reglamento del concurso.
Irregularidades en los requisitos de los comisionados
Durante una entrevista concedida el lunes 19 de enero de 2026, Espinel señaló que al menos 13 de los 20 miembros de la Comisión Ciudadana de Selección no reunirían las condiciones mínimas establecidas en la normativa vigente.
De acuerdo con el vocero, nueve de los diez delegados de las funciones del Estado no cumplirían los requisitos. Asimismo, cuatro de los diez representantes de la ciudadanía tampoco cumplen. Esta situación, dijo, compromete la legitimidad y credibilidad del proceso desde su inicio.
Espinel advirtió que un concurso que nace sin transparencia ni solvencia técnica genera desconfianza. Así, pone en duda la idoneidad de quien eventualmente sea designado como Fiscal General del Estado.
Falta de trayectoria y compromiso cívico
El vocero explicó que los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección deben contar con una trayectoria profesional sólida y compromiso cívico. Además, deben tener experiencia en participación ciudadana y lucha contra la corrupción, además de una conducta transparente.
La ausencia de estos elementos en varios comisionados, según la Comisión Cívica, representa un riesgo para la imparcialidad y calidad del proceso de selección.
Retrasos en la renovación de la Fiscalía
Marcelo Espinel recordó que la designación del reemplazo de la fiscal general Diana Salazar debía concretarse en abril de 2025. Sin embargo, hasta la fecha, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha concluido el concurso.
Este retraso sostenido, afirmó, debilita la institucionalidad y evidencia falencias estructurales en el manejo del proceso de selección de autoridades clave para el país.
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