La discusión pública sobre la gestión del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, ha trascendido el ámbito institucional. Además, se ha instalado con fuerza en las redes sociales. Allí, la defensa del funcionario no se expresa de manera espontánea. Por el contrario, ocurre mediante campañas digitales que recurren a la desinformación, la intimidación y el uso de cuentas falsas para desacreditar a voces críticas.
Estas acciones no se limitan a intercambios aislados o mensajes agresivos ocasionales. Se trata de estrategias coordinadas, de alto volumen y persistencia. Así, buscan moldear la percepción ciudadana y condicionar el debate público. La magnitud de estas operaciones sugiere la existencia de recursos y planificación. Sin embargo, hasta ahora no se conocen investigaciones públicas de la Contraloría sobre un posible uso de fondos estatales.
Campañas coordinadas y narrativas dirigidas
En el entramado digital participan fábricas de troles y portales afines al oficialismo. Su actividad se centra en sostener la imagen de Godoy en medio del juicio político que enfrenta. Este proceso se originó tras las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien aseguró haber recibido amenazas y presiones para fallar a favor del narcotraficante Jezdimir Srdan en un caso de lavado de activos.
Tras la difusión de imágenes del ciudadano serbio presuntamente amenazando al juez, se activó una narrativa que buscó reinterpretar el gesto como una señal de peligro personal dentro de la cárcel. De esa forma, se restó credibilidad a la denuncia. Este mensaje fue replicado desde canales oficiales de comunicación del Consejo de la Judicatura. Adicionalmente, fue amplificado posteriormente por cuentas anónimas en redes sociales.
El rol de cuentas falsas y suplantaciones
Las cuentas troles cumplieron un papel clave en la propagación de versiones favorables al presidente de la Judicatura. Algunas de ellas utilizaron imágenes tomadas de bancos digitales o redes sociales extranjeras, operando desde otros países y con identidades ficticias.
Varias publicaciones intentaron desacreditar directamente al juez Serrano, acusándolo de manipular pruebas o de responder a intereses políticos. Estas cuentas, de reciente creación y con escasa interacción orgánica, replicaron mensajes de manera sincronizada, lo que evidencia un patrón de operación coordinada.
Comparecencia en la Asamblea y escalamiento digital
Durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional, Mario Godoy evitó responder a los cuestionamientos centrales. Sostuvo que existía un plan articulado por un grupo de ciudadanos para perjudicarlo. Entre los señalados mencionó a autoridades locales, abogados, exfuncionarios y activistas políticos.
Ese mismo día, la actividad de los troles se intensificó. Circularon imágenes creadas con inteligencia artificial que vinculaban a los críticos de Godoy entre sí. Por consiguiente, el objetivo era construir una narrativa de conspiración y manipular la opinión pública.
Ataques a jueces y gremios profesionales
La dinámica de hostigamiento se reactivó durante la elección del presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia. Los ataques se concentraron en magistrados que cuestionaban el proceso de designación de Godoy, utilizando piezas gráficas falsas y mensajes infamatorios difundidos de forma masiva.
Posteriormente, el blanco fue el Colegio de Abogados de Pichincha, luego de que esta organización exigiera públicamente la renuncia del titular de la Judicatura. Las cuentas anónimas dirigieron sus mensajes contra el presidente del gremio, repitiendo patrones de intimidación digital.
Cuentas agresivas y hostigamiento personalizado
Entre las decenas de perfiles anónimos, algunas cuentas destacan por su nivel de actividad y agresividad. Se presentan con identidades falsas, utilizan imágenes de personas ajenas a la política ecuatoriana y operan como usuarios hater. Además, emplean lenguaje provocador para desgastar emocionalmente a sus objetivos.
Estas cuentas no solo atacan a jueces o abogados, sino también a exfuncionarios que han denunciado presuntos vínculos entre operadores judiciales y el crimen organizado. Incluso llegan a acusarlos de recibir dinero de mafias sin sustento alguno.
Una estrategia sin control ni regulación
La operación digital en respaldo a Mario Godoy revela un vacío de control y regulación sobre el uso de redes sociales con fines políticos. La ausencia de investigaciones oficiales y de mecanismos efectivos de fiscalización permite que estas prácticas se repitan sin consecuencias. Al mismo tiempo, se afecta la transparencia institucional y el derecho ciudadano a una información veraz.
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