La reciente investigación sobre la organización criminal Los Choneros ha revelado un entramado de corrupción. Este involucra a funcionarios del sistema penitenciario, policías y al mismo director de una cárcel. En el centro de este esquema aparece Verónica Narcisa Briones Zambrano, pareja sentimental de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder del grupo criminal.
La pareja de alias ‘Fito’ como operadora financiera
Verónica Briones Zambrano, quien es la pareja de alias ‘Fito’, abrió seis cuentas en bancos del país. En estas cuentas movió más de un millón de dólares entre 2020 y 2024, de una forma que llama la atención. Por eso, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) está investigando estos movimientos. Se ha descubierto que parte de este dinero se usó para hacer pagos y transferencias a funcionarios públicos, entre ellos a un policía, a guías de cárcel y hasta al director de la cárcel de El Oro.
También se encontraron pagos a otros trabajadores del sector público, como un bombero y un cobrador que trabaja en la Empresa Pública de Desarrollo Urbano de Pedernales. Todo esto muestra que la red de corrupción de Los Choneros es grande y que llega a muchas personas dentro de las instituciones del Estado.
Infiltración y complicidad dentro de las cárceles
En 2021, Verónica Briones, la pareja de alias ‘Fito’, fue descubierta entrando a la Cárcel Regional de Guayaquil disfrazada de guía penitenciaria. Ella se disfrazó para poder visitar a ‘Fito’ y quedarse con él durante una semana dentro de la cárcel. Para lograr esto, tuvo la ayuda de una agente de la cárcel y, según se dice, de algunos altos funcionarios que habrían permitido su salida tras llegar a un acuerdo con el líder de Los Choneros.
Las investigaciones también encontraron que al menos doce trabajadores y guías de las cárceles recibieron pagos de esta red que manejaba la pareja de ‘Fito’. Según información oficial del SNAI, hasta mayo de 2025, al menos diez de estos funcionarios todavía seguían trabajando en el sistema de cárceles del país.
Funcionarios con antecedentes penales pero sin sanciones
Los documentos de la justicia muestran que varios guías de las cárceles han sido investigados por meter cosas prohibidas a las prisiones. Entre esas cosas estaban teléfonos, armas y dinero, que entraban a las cárceles controladas por Los Choneros. A pesar de estas investigaciones, la mayoría de estos guías no fueron castigados ni acusados porque, según se dice, no había suficientes pruebas.
Un caso que llama la atención es el de un agente que fue detenido porque tenía una joya de metal con las letras “JR”. Estas iniciales eran por Junior Roldán, quien fundó un grupo criminal llamado Los Águilas. Aunque encontraron esta joya, la Fiscalía decidió no acusarlo y lo declararon inocente.
La red financiera de Briones alcanza al entorno de ‘Junior’ Roldán
El análisis financiero no solo muestra conexiones con funcionarios públicos y familiares directos de alias ‘Fito’. También revela vínculos con miembros de otras organizaciones criminales. Esto incluye la red asociada a Junior Roldán, asesinado en 2023.
Transferencias por montos considerables —hasta USD 88.000— cruzaron dentro del núcleo familiar y hacia personas sentenciadas en otros procesos relacionados con actividades ilícitas.
Procesos judiciales y falta de respuesta institucional
Verónica Briones fue procesada en junio de 2025 por delincuencia organizada, dentro del marco de la operación para desarticular la red financiera de Los Choneros. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades penitenciarias no han informado si los funcionarios implicados han sido sancionados o investigados administrativamente.
La falta de respuestas oficiales del SNAI genera preocupación sobre la posibilidad de que esta red de corrupción siga operando desde el sistema penitenciario. Esto perpetúa la influencia de organizaciones criminales dentro del Estado.
El caso de la pareja de alias ‘Fito’ y su red de pagos a funcionarios penitenciarios y policías evidencia la profunda infiltración de grupos criminales en las instituciones del Estado. La existencia de esta ‘nómina’ ilegal pone en riesgo la seguridad y el control en los centros penitenciarios. Además, socava la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Es crucial que las investigaciones sigan avanzando. También se deben tomar medidas contundentes para erradicar la corrupción dentro del aparato estatal.
Fuente: Primicias
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