- Un Tribunal Penal de Loja impuso una condena de 13 años de cárcel al abogado Ramiro C.
- El profesional jurídico fue contratado en 2019 para gestionar el cobro de una deuda comercial de 8.000 dólares.
- La Fiscalía demostró que el sentenciado utilizó amenazas de muerte y mensajes intimidatorios contra las víctimas.
- El fallo judicial sienta un precedente estricto frente a conductas delictivas en el ejercicio del derecho.
El Tribunal de Garantías Penales de Loja dictó una severa sentencia condenatoria de 13 años de pena privativa de libertad en contra del abogado en libre ejercicio profesional Ramiro C., tras declararlo culpable en calidad de autor directo del delito de extorsión tipificado y sancionado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Las investigaciones judiciales lideradas por la Fiscalía General del Estado determinaron que el sentenciado desvió el ejercicio ético de su profesión al recurrir a métodos coercitivos, amenazas de atentados físicos y mensajes intimidatorios continuos contra los propietarios de un establecimiento comercial de la ciudad.
El caso penal se originó en 2019, cuando una comerciante contrató formalmente los servicios profesionales del jurista con el objetivo de recuperar por la vía legal y judicial un monto de 8.000 dólares adeudado por los dueños de un local. Lejos de acudir a los cauces procesales y mediaciones mercantiles autorizadas por la ley, el abogado orquestó una campaña sistemática de hostigamiento para presionar el pago indebido con recargos injustificados.
Esquema de extorsión mediante mensajes intimidatorios
De acuerdo con la exposición pericial presentada por el fiscal del caso durante la audiencia de juicio, el procesado coordinó con terceros no identificados el envío reiterado de mensajes de texto y llamadas a los números personales de los deudores y sus familiares directos. En dichas comunicaciones, los extorsionadores amenazaban con destruir las instalaciones comerciales, balear la fachada del negocio y atentar contra la integridad física de los hijos de las víctimas si no entregaban el dinero en plazos perentorios fijados al margen de todo procedimiento judicial.
Los peritajes informáticos forenses y las triangulaciones telefónicas practicadas por los agentes de la Unidad Nacional de Investigación Antiextorsión y Secuestros (Unase) de la Policía Nacional permitieron cotejar las líneas emisoras con dispositivos incautados al abogado, destruyendo su teoría defensiva y acreditando su nexo causal en la trama de intimidación.
La firmeza de los tribunales en la provincia de Loja se alinea con las acciones conjuntas de la administración de justicia frente al crimen organizado, tal como cuando capturan en Machala a presuntos extorsionadores que exigían 30.000 dólares para desarticular bandas delictivas que intimidan a comerciantes y emprendedores en la región sur del Ecuador.
Reparación integral y sanción ética profesional
Además de la pena privativa de libertad, los jueces del tribunal lojano impusieron al sentenciado el pago de una multa económica tasada en salarios básicos unificados y una medida de reparación integral a favor de las víctimas por los daños psicológicos y la paralización de sus actividades comerciales.
Organismos internacionales de derechos humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han sostenido de forma reiterada que la recta administración de justicia exige sanciones ejemplares contra los operadores jurídicos que abusan de su investidura para cometer actos ilícitos.
Asimismo, los principios deontológicos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) establecen que la integridad de los profesionales del derecho es la primera línea de defensa para garantizar la seguridad jurídica y la convivencia pacífica en las sociedades democráticas.
El tribunal notificará la sentencia por escrito a las partes y al Consejo de la Judicatura para la suspensión definitiva de la credencial profesional del sentenciado.
La resolución emitida por el tribunal penal de Loja fue recibida con beneplácito por las cámaras de comercio y gremios artesanales de la urbe, cuyos directivos han denunciado de forma reiterada la proliferación de modalidades extorsivas que pretenden encubrirse bajo supuestas gestiones de cobranza extrajudicial. Los comerciantes destacaron que la certeza del castigo legal es la única garantía para proteger las inversiones familiares frente a conductas delictivas inadmisibles.
Asimismo, los jueces recordaron en su motivación oral que la función social de la abogacía radica en la defensa irrestricta de los derechos humanos y el estricto cumplimiento del debido proceso, por lo que desnaturalizar el mandato profesional para infundir zozobra y exigir pagos ilegales atenta de manera directa contra la dignidad y la confianza de toda la sociedad en la justicia ecuatoriana.
