- El Colegio de Abogados de Loja analizo las implicaciones de la resolucion judicial que concentra delitos en Quito.
- Juristas lojanos advierten sobre dificultades logisticas y demoras procesales por audiencias estrictamente telematicas.
- La medida centraliza cuarenta y cuatro tipos penales relacionados con corrupcion publica y delincuencia organizada.
- El gremio demanda descentralizar peritajes y garantizar recursos tecnologicos para litigantes de la frontera sur.
Dirigentes y profesionales agremiados en el Colegio de Abogados de Loja llevaron a cabo un panel tecnico de analisis para evaluar los efectos practicos y juridicos derivados de la reciente resolucion del Consejo de la Judicatura, la cual dispone que las causas penales sobre corrupcion administrativa y crimen organizado sean canalizadas exclusivamente a traves de las unidades especializadas con sede en Quito. Los juristas lojanos manifestaron su preocupacion ante posibles vulneraciones al derecho a la defensa y las dificultades logisticas que enfrentan los litigantes del sur ecuatoriano.
La normativa institucional emitida por la Funcion Judicial del Ecuador centraliza el juzgamiento de cuarenta y cuatro figuras penales consideradas graves, incluyendo delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilicito, cohecho, concusion, delincuencia organizada y terrorismo. Si bien el proposito oficial radica en blindar a los jueces frente a amenazas del narcotrafico en territorios provinciales, los abogados de Loja subrayaron que el modelo genera un embudo administrativo en la capital.
Retos telematicos y garantias del debido proceso
Durante la sesion gremial, juristas en libre ejercicio recalcaron que la comparecencia obligatoria a traves de salas de audiencia virtuales frecuentemente se ve entorpecida por fallas de conectividad a internet, cortes imprevistos en el fluido electrico y falta de salas tecnicas adecuadas en los juzgados cantonales de Loja, Macara, Calvas o Saraguro. Estas inconsistencias tecnicas provocan continuas suspensiones de diligencias preparatorias de juicio, perjudicando los plazos procesales.
Asimismo, se puntualizo que la coordinacion de testimonios y peritajes de campo requiere el traslado de equipos de peritos de la Fiscalia General del Estado desde la capital, encareciendo los costos procesales y demorando la formulacion de dictamenes periciales indispensables para el esclarecimiento de los hechos delictivos investigados.
Exigencia de equilibrio institucional y desconcentracion
Los portavoces del Colegio de Abogados de Loja insistieron en que la proteccion judicial a los magistrados no puede construirse a costa de alejar a la justicia de la ciudadania. En tal sentido, propusieron establecer sedes regionales especializadas en ciudades cabecera de zona como Loja o Cuenca, con tribunales protegidos y resguardo militar, permitiendo atender oportunamente la realidad de las provincias australes y fronterizas.
El Colegio de Abogados de Loja enfatizo que las demoras procesales afectan no solo a las personas procesadas que permanecen con prision preventiva extendida, sino a las propias instituciones publicas que actuan como acusadoras particulares, las cuales ven postergadas las sentencias y la eventual recuperacion de recursos fiscales defraudados. La distancia geografica tampoco debe convertirse en un factor de revictimizacion ciudadana.
Las demandas ciudadanas y gremiales por una gestion publica eficiente y transparente en el canton austral conectan directamente con la resolucion de problematicas basicas urgentes, tales como las dificultades urbanas revisadas en las quejas sobre las deficiencias criticas en servicios y vialidad urbana de Loja, donde la poblacion exige respuestas institucionales agiles que restauren la confianza en la administracion estatal.
