Ley genera preocupación en el sector cooperativo
El pasado 26 de junio fue incorporada al Registro Oficial la Ley de Integridad Pública, tras su aprobación por la Asamblea Nacional el 24 de junio. Esta normativa contiene una disposición que ha generado preocupación inmediata en el sector cooperativo, debido a su posible impacto negativo. La Ley de Integridad Pública establece, en su disposición transitoria decimoprimera, que en un plazo de 90 días la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria debe emitir regulaciones para transformar ciertas cooperativas en sociedades anónimas.
Riesgo para autonomía y democracia cooperativa
La Cooperativa Jardín Azuayo manifestó su desacuerdo con lo establecido por la Ley de Integridad Pública, señalando que la disposición “pone en riesgo la autonomía y el modelo democrático del sector cooperativo”. En sus redes sociales y mediante un comunicado oficial, la entidad rechazó este cambio, advirtiendo que afecta principios fundamentales de organización. La Ley Pública, según la cooperativa, vulnera estructuras internas construidas bajo criterios participativos.
Fortalezas del modelo cooperativo
Jardín Azuayo argumenta que cuenta con los mejores indicadores financieros, incluyendo solvencia, liquidez alta y calificación de riesgo AA+. Esto, afirma, evidencia que el sector cooperativo tiene herramientas suficientes para seguir funcionando de manera autónoma. Además, recalca que la Ley de Integridad Pública desconoce los procesos internos de control y vigilancia que ya ejecutan organismos estatales como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el Banco Central.
Llamado al diálogo y acciones inmediatas
En respuesta a la Ley de Integridad Pública, Jardín Azuayo convocó a una rueda de prensa este lunes 30 de junio, en Cuenca, para visibilizar lo que consideran una amenaza al modelo cooperativo. Asimismo, hizo un llamado a socios y ciudadanía para sostener un diálogo abierto que fortalezca al país como un espacio de economía solidaria. La Ley de Integridad Pública, advierten, podría debilitar una estructura financiera incluyente y participativa.
Fuente: EL UNIVERSO
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