La Comisión de Desarrollo Económico reactivó el análisis de la Ley económica urgente que reforma las reglas de gasto de municipios y prefecturas, en medio de cuestionamientos por baja ejecución presupuestaria y observaciones de la Contraloría sobre posibles irregularidades.
La iniciativa, denominada Ley para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, volvió a la mesa legislativa el 16 de febrero de 2026, luego de un primer debate marcado por fuertes diferencias políticas en el Pleno de la Asamblea.
Contraloría alerta sobre 206 indicios penales
Durante la sesión virtual, la subcontralora general del Estado, Gabriela Sulca, expuso un balance de auditorías realizadas entre enero de 2024 y febrero de 2026 a los gobiernos autónomos descentralizados.
En ese periodo se aprobaron 741 informes generales, de los cuales se desprendieron 206 indicios de responsabilidad penal. La cifra encendió alertas en la comisión, especialmente por el caso de la provincia de El Oro, donde se registraron 18 informes generales y 26 indicios penales, superando el número de auditorías aprobadas.
Según la Contraloría, este comportamiento refleja un riesgo elevado en la gestión municipal de esa provincia y demanda controles especializados enfocados en posibles hechos de fraude y corrupción.
Finanzas defiende la Ley económica urgente y propone gradualidad
El Ministerio de Economía y Finanzas sostuvo que la reforma no implica recortes, sino una optimización del gasto público local. La viceministra Daniela Contento afirmó que los municipios recibieron USD 6.000 millones en 2024, pero solo ejecutaron 24,30 % en inversión real.
De acuerdo con sus cálculos, si la regla propuesta hubiera estado vigente, existirían USD 2.700 millones pendientes de ejecución en obras. En el caso de las prefecturas, la ejecución en infraestructura alcanzó 32,62 %.
Ante las críticas de alcaldes y prefectos, el Ejecutivo planteó flexibilizar la aplicación de la meta de inversión del 70 %. La propuesta establece un cumplimiento progresivo: 65 % en 2026, 68 % en 2027 y 70 % en 2028.
Además, se incluiría un nuevo rubro que permita contabilizar estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados como inversión, y no como gasto corriente. El control comenzaría el 1 de diciembre de 2026, evaluando el periodo desde junio de ese año.
Autonomía y deuda, ejes del conflicto político
El debate en el Pleno dejó posturas polarizadas. La bancada oficialista argumenta que existen despilfarros en varios gobiernos locales y que los recursos deben priorizar salud, vivienda y obra pública.
En contraste, legisladores de oposición y autoridades seccionales sostienen que la reforma vulnera la autonomía de los gobiernos locales y podría afectar programas sociales financiados con gasto corriente.
Alcaldes y prefectos también han señalado que el Gobierno Central mantiene deudas con los GAD que rondan los USD 600 millones, lo que, según ellos, complica aún más la ejecución presupuestaria.
La Comisión de Desarrollo Económico deberá incorporar las observaciones y las nuevas disposiciones transitorias en el informe para segundo debate. El proyecto económico urgente deberá ser aprobado o archivado antes de que concluya febrero, en un contexto de alta tensión política y presión por mejorar la calidad del gasto público.
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