El Concejo Municipal de Guayaquil reaccionó tras el allanamiento a Segura EP ejecutado el 15 de febrero de 2026 por la Fiscalía y el Ministerio del Interior. Un bloque de 12 concejales de Guayaquil, afines al alcalde Aquiles Álvarez, calificó la intervención como una intromisión indebida. Además, aseguró que no se registraron incautaciones ni hallazgos materiales durante el operativo.
Reacción de Concejales de Guayaquil ante la intervención
La noche del domingo 15 de febrero, las instalaciones de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) fueron allanadas y posteriormente intervenidas por autoridades nacionales. La acción se dio en medio de señalamientos del Gobierno sobre una presunta negligencia o posible colaboración con el crimen organizado. Esto ocurrió tras los incendios estructurales ocurridos en la ciudad.
En respuesta, 12 concejales emitieron un comunicado conjunto en el que respaldaron al alcalde Aquiles Alvarez, quien cumple prisión preventiva, y a la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel. Además, en el pronunciamiento sostienen que el operativo vulnera la autonomía municipal y excede la necesidad jurídica.
Según el documento, no existieron incautaciones ni alteraciones administrativas dentro de la empresa pública. A criterio de los firmantes, esto demostraría la falta de fundamentos para un despliegue de esa magnitud. Además, advirtieron que defenderán la estabilidad institucional frente a cualquier mecanismo de presión.
El comunicado fue suscrito por los concejales Arturo Escala, Shirley Aldas, Blanca López, Emily Vera, Terry Álvarez, July Álvarez, Fabián Espín, Manuel Romero, Alfredo Bautista, Ana Fuentes, Juana Montero y Soledad Diab.
Concejales de Guayaquil exigen pruebas sobre uso de cámaras
De manera individual, la concejala Cinthia García planteó una postura distinta en cuanto al fondo del conflicto. Si bien cuestionó la forma en que se ejecutó la intervención y sugirió que debió priorizarse el diálogo, pidió que se investigue con rigurosidad la hipótesis planteada por el Gobierno.
La Fiscalía informó que, a partir de información reservada, se conoció que la empresa municipal habría difundido imágenes de videovigilancia a un servidor externo aún por confirmar. Por otro lado, el Ministerio del Interior insinuó que estos datos podrían haber estado al servicio de grupos delictivos.
Frente a estas acusaciones, García solicitó que se presenten evidencias concretas que justifiquen la decisión adoptada por el Ejecutivo. De este modo, se podrán verificar o descartar cualquier irregularidad para tranquilidad de la ciudadanía.
Incendios y tensión política
El conflicto se intensificó luego de los incendios estructurales registrados el 11 y 15 de febrero en el centro de Guayaquil. El ministro del Interior, quien lideró el operativo en Segura EP, cuestionó los tiempos de respuesta y el manejo de la información de seguridad.
Desde el Gobierno se sostiene que la intervención responde al incumplimiento de un acuerdo ministerial relacionado con la gestión de cámaras y la coordinación con el sistema ECU-911. Por su parte, la alcaldesa encargada Tatiana Coronel rechazó estos señalamientos y defendió la gestión municipal en materia de riesgos.
La controversia abre un nuevo frente político entre el Ejecutivo y el Municipio porteño, en un contexto marcado por la inseguridad y la presión ciudadana por resultados concretos.
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