Con la publicación de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional en el Registro Oficial el pasado 10 de junio de 2025, Ecuador da un paso firme en su lucha contra los Grupos Armados Organizados y las economías criminales. Estas operan en el marco del conflicto armado interno declarado por el Gobierno. Esta normativa, referenciada frecuentemente como la Ley de Solidaridad Nacional, reforma de forma significativa el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Introduce penas más severas, figuras delictivas novedosas y restricciones al acceso de beneficios penitenciarios.
El propósito central de esta ley es brindar herramientas jurídicas robustas. Estas tienen el fin de desarticular las estructuras delictivas que han debilitado la institucionalidad del Estado. Además, buscan reducir la violencia en amplias zonas del territorio nacional.
Penas más duras para líderes criminales
Una de las reformas más destacadas es la incorporación del artículo 139.1, que impone penas de 26 a 30 años de prisión. Se aplican a quienes ejerzan funciones de liderazgo, planificación, financiamiento o dirección dentro de un Grupo Armado Organizado. Estos aspectos están cubiertos por la nueva Ley de Solidaridad Nacional. Esta sanción busca atacar el núcleo estratégico de las bandas criminales. Así, se pretende desarticular su capacidad de organización y permanencia.
Por otro lado, el nuevo artículo 139.2 tipifica los delitos relacionados con el conflicto armado interno. Esto permite una respuesta penal diferenciada. Esta se adapta a la gravedad de los hechos cometidos bajo este contexto.
Combate al delito en el sector de hidrocarburos
La Ley también introduce reformas relevantes en torno a delitos relacionados con hidrocarburos. Se endurecen las penas para la sustracción de derivados. Estos reciben de 11 a 13 años de prisión según el artículo 266. Para casos que ocurren en zonas fronterizas, las penas pueden extenderse a 16 años de prisión, según el artículo 265.
Asimismo, el almacenamiento, transporte o venta ilegal de hidrocarburos será sancionado con hasta 13 años de prisión (artículo 264). Actos que impidan la distribución de combustibles serán penalizados con 6 a 8 años (artículo 262). Además, los funcionarios públicos que faciliten estos delitos serán procesados bajo el nuevo artículo 267.1.
En el marco de la Ley de Solidaridad Nacional y la reparación integral, el artículo 77 de la ley establece que esta deberá calcularse por el doble del valor. Este cálculo está basado en el valor comercial de los hidrocarburos sustraídos o afectados.
Uso indebido de símbolos y armamento oficial
Otro eje de la reforma es el combate al uso ilegítimo de emblemas oficiales. El artículo 362.1 sanciona con 1 a 3 años de prisión a quienes utilicen uniformes, insignias o armamento exclusivo de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional. Esto se aplica cuando el uso tiene fines delictivos.
De igual forma, el artículo 474.5 permite que las armas incautadas en delitos vinculados al conflicto armado, terrorismo o delincuencia organizada puedan ser entregadas de inmediato. Esta entrega se hace a las fuerzas del orden bajo lo dispuesto por la Ley de Solidaridad Nacional.
Cambios en delitos de drogas y consumo personal
El artículo 220 modifica las disposiciones sobre posesión de drogas para consumo personal. El artículo 228 redefine los criterios técnicos para su evaluación. El objetivo es establecer parámetros más claros y coherentes con la realidad del microtráfico y el abuso, en línea con los planteamientos de la Ley de Solidaridad Nacional.
Reformas procesales en contextos de violencia armada
La Ley también introduce ajustes relevantes en el procedimiento penal cuando se trata de delitos cometidos en el contexto del conflicto armado. El artículo 534.1 establece que la prisión preventiva será obligatoria para delitos graves, mientras que el artículo 536 impone condiciones más estrictas para su sustitución.
Asimismo, el artículo 542.1 protege a policías, militares y otros actores estatales que participen en operativos autorizados, siempre que actúen conforme a la ley. Estas personas serán excluidas de responsabilidad penal. Para estos casos, se crea un procedimiento judicial especial mediante el artículo 651.7. Esta herramienta es clave en la Ley de Solidaridad Nacional.
En cuanto al acceso a beneficios penitenciarios, el artículo 699.1 restringe el régimen semiabierto. Esta restricción afecta a aquellos condenados que no hayan cumplido con la reparación económica a las víctimas.
Reacciones y controversias
Pese a que la Ley de Solidaridad Nacional ha sido presentada por el Gobierno como una herramienta fundamental para restablecer la seguridad y el orden, también ha generado críticas. Algunos sectores sociales y juristas han expresado preocupaciones respecto al respeto de derechos humanos. También se han preocupado por el posible uso discrecional de las nuevas disposiciones.
Incluso se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Esta demanda cuestiona la proporcionalidad de algunas penas y la amplitud del concepto de conflicto armado interno.
Una ley clave para el Gobierno de Noboa
La Ley de Solidaridad Nacional se convierte en un pilar central de la estrategia del presidente Daniel Noboa. Su objetivo es recuperar el control del Estado frente al crimen organizado. Con estas reformas, su administración busca evitar la constante dependencia de los estados de excepción. Se pretende reemplazarlos por un marco jurídico permanente y más sólido.
El éxito de la ley dependerá no solo de su implementación efectiva. También dependerá del equilibrio entre seguridad y garantías constitucionales. Esto es lo que se espera de la Ley de Solidaridad Nacional.
Fuente: El Comercio
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