La Ley de Minería y Energía avanzó al segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional luego de que la Comisión de Desarrollo Económico aprobara su informe con ocho votos de asambleístas de ADN y aliados. Esto ocurrió en una sesión que se extendió hasta las 23:50 del lunes 23 de febrero de 2026. El proyecto necesitará al menos 77 votos para convertirse en ley.
La votación refleja un escenario ajustado, similar al de recientes reformas económicas que lograron el respaldo mínimo indispensable. Ahora, la definición queda en manos de los 151 legisladores del Pleno.
Cambios con la Ley de Minería y Energía
El proyecto de Ley de Minería y Energía introduce reformas estructurales en el régimen extractivo. Entre los principales cambios están la modificación de actos administrativos previos al inicio de actividades y la redefinición de la patente de conservación. Además, incluye el ajuste de regalías y la ampliación del plazo máximo de exploración de ocho a 15 años.
También incorpora la figura de clústeres mineros, que agrupan actividades extractivas, logísticas e industriales en un mismo territorio. El argumento es mejorar eficiencia y sostenibilidad operativa.
En el sector eléctrico, la Ley de Minería y Energía reforma la normativa vigente para establecer nuevas obligaciones sobre el cumplimiento del Plan Maestro de Electricidad. Además, busca regular con mayor detalle la autogeneración y generación distribuida. También pretende ampliar las causales para delegar de manera excepcional el servicio eléctrico a empresas privadas.
El informe sostiene que no se modifica la titularidad estatal sobre los sectores estratégicos. Además, indica que la finalidad es fortalecer la seguridad jurídica, atraer inversión y garantizar sostenibilidad ambiental.
Seguridad estratégica y control territorial
Uno de los puntos más sensibles de la Ley de Minería y Energía es la creación de Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica. Esta figura permite la intervención de Fuerzas Armadas para resguardar infraestructura y personal frente a minería ilegal, sabotaje u ocupaciones ilícitas.
El texto aclara que la actuación militar no sustituye responsabilidades ambientales, laborales o de seguridad industrial de las empresas concesionarias.
En el caso de Galápagos, solo se permitirán permisos de libre aprovechamiento y concesiones de pequeña minería para extracción de áridos y pétreos destinados a construcción. Sin embargo, esto será fuera del Parque Nacional Galápagos.
Además, la autoridad ambiental tendrá tres meses para actualizar el catálogo de proyectos vinculados a exploración y explotación minera.
Críticas por controles ambientales y participación privada
La Ley de Minería y Energía enfrenta cuestionamientos de organizaciones sociales y legisladores de oposición. Las principales críticas apuntan a la flexibilización de controles ambientales y la ampliación del plazo de exploración hasta 15 años. Asimismo, se cuestiona la posible militarización de territorios y una mayor apertura a la participación privada en electricidad.
Uno de los aspectos más controvertidos es la sustitución de la licencia ambiental por una autorización administrativa en determinadas fases. También se cuestiona la aplicación del silencio administrativo positivo. En esos casos, si en seis meses no hay respuesta oficial a estudios de regularización, la autorización se entiende concedida.
Especialistas advierten que en regiones megadiversas como la Amazonía podrían generarse impactos acumulativos sobre recursos estratégicos como el agua. Además, esto podría afectar derechos colectivos, incluida la consulta previa.
Posturas enfrentadas por Ley de Minería y Energía
Durante el tratamiento en comisión, representantes de colectivos ambientales alertaron sobre riesgos para la biodiversidad y la salud pública asociados a la actividad minera. Señalaron riesgos especialmente por el uso de mercurio en operaciones ilegales.
Desde el Ejecutivo se defendió que la Ley de Minería y Energía no elimina controles ni reduce estándares técnicos. Según argumentaron, busca mayor claridad normativa y herramientas más eficaces para combatir la minería ilegal.
Con el informe aprobado, el debate se traslada al Pleno. Allí la Ley de Minería y Energía necesitará 77 votos para su aprobación definitiva en un escenario político que se anticipa estrecho.
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