Quito. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, la Asamblea Nacional del Ecuador enfrentó una serie de sanciones por faltas disciplinarias. Las legisladoras que en ese tiempo más sanciones acumularon llamaron la atención. Según el Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, los parlamentarios pagaron un total de 52.000 dólares por llegar tarde o no asistir sin justificación.
¿Quiénes fueron las legisladoras que más sanciones acumularon?
En ese período, las legisladoras que más sanciones acumularon fueron Lucía Jaramillo, Nicole Saca y Mónica Salazar. Las tres están afiliadas actualmente a Acción Democrática Nacional (ADN). Sin embargo, Mónica Salazar pertenecía a la Revolución Ciudadana cuando ocurrieron las faltas. Estas legisladoras se destacaron negativamente por acumular más inasistencias y retrasos que otros colegas.
Cambios para mejorar la puntualidad
El 31 de mayo de 2024, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, anunció un cambio importante. Desde esa fecha, los legisladores deben registrar su asistencia mediante las computadoras asignadas. Este nuevo sistema reemplazó el registro manual anterior.
El método electrónico permite detectar, de forma precisa, qué asambleístas llegan tarde o faltan sin justificación. Con estas herramientas, las legisladoras que más acumulaban sanciones ya no podrán evitar los controles ni delegar sus responsabilidades sin seguimiento.
Multas automáticas por faltas
La normativa incluye sanciones económicas claras. Si un asambleísta llega tarde, debe pagar 55,52 dólares. Si no asiste sin justificación y no delega a su suplente, la multa sube a 158,63 dólares. Estos valores se descuentan directamente del salario de cada legislador. Por lo tanto, el impacto financiero es inmediato y no depende de otros procesos.
Mayor control ciudadano
El caso de las legisladoras que más sanciones acumularon revela una necesidad urgente de disciplina institucional. El uso de tecnología facilita el control interno y permite que la ciudadanía conozca qué representantes cumplen con su labor.
Este tipo de medidas mejora la confianza pública. Además, incentiva a los legisladores a actuar con responsabilidad. En conclusión, el monitoreo efectivo ayuda a fortalecer la transparencia en la función legislativa. La tecnología, en definitiva, ayuda a controlar las acciones de quienes más sanciones acumularon.
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