El Gobierno anuncia medidas que reestructuran el modelo económico, priorizando eficiencia energética, minería sostenible y transparencia en empresas públicas.
Una serie de ajustes económicos fueron anunciados este lunes 2 de junio de 2025 por la vocera oficial Carolina Jaramillo, en representación del presidente Daniel Noboa. Las nuevas medidas buscan ordenar las finanzas públicas del país mediante decisiones estratégicas en sectores clave como la minería, el control energético, los subsidios y la gestión de empresas públicas. Esta reestructuración llega en un contexto donde el Gobierno enfrenta desafíos fiscales y necesita optimizar el uso de recursos estatales.
La portavoz explicó que las medidas pretenden fortalecer la vigilancia técnica en minería, aplicar ajustes tarifarios eléctricos más equitativos y generar auditorías integrales en empresas públicas. Además, destacó que estos cambios no afectarán directamente a la población vulnerable, sino que se enfocan en sectores con capacidad económica suficiente para asumir los nuevos costos. La estrategia busca generar un equilibrio entre sostenibilidad fiscal y justicia social.
Estas decisiones también apuntan a atraer inversión extranjera, dinamizar sectores estratégicos y garantizar transparencia en el uso de fondos públicos. Según Jaramillo, cada acción responde a un análisis técnico que considera impactos económicos, sociales y ambientales.
Ajustes económicos incluyen una tasa de fiscalización minera para el control técnico
Una de las medidas centrales es la creación de una Tasa de Fiscalización Minera que aplicará a todos los regímenes, excepto a la minería artesanal. Esta tasa tiene como propósito financiar la vigilancia ambiental y técnica, garantizando que las actividades extractivas se alineen con estándares sostenibles. El Gobierno proyecta recaudar hasta USD 229 millones anuales, que se destinarán exclusivamente a estas labores de control.
Además, se reabrirá el Catastro Minero, inactivo desde 2018, lo que permitirá a nuevos proyectos acceder a concesiones bajo criterios técnicos y por fases. El proceso comenzará el 16 de junio con la pequeña minería no metálica, avanzará en septiembre con la minería metálica y concluirá hacia finales de 2025, abriendo oportunidades de inversión y empleo.
La reapertura del catastro ha sido señalada por analistas como un paso importante para recuperar confianza en el sector y mejorar la competitividad del país. Sin embargo, el Gobierno insiste en que el control ambiental seguirá siendo una prioridad.
Las auditorías a empresas públicas buscan recuperar la confianza y optimizar recursos
Otro eje de los ajustes económicos es la revisión técnica y financiera de las principales empresas públicas: Petroecuador, CELEC y CNEL. Estas entidades serán auditadas por firmas internacionales reconocidas como Deloitte, PwC y EY, quienes ya han manifestado su interés formal.
Las auditorías incluirán tres componentes: análisis financiero, revisión forense y revalorización de activos. Esta medida busca detectar irregularidades, transparentar la gestión de recursos y reestructurar procesos administrativos. El Ejecutivo espera que esta intervención permita mejorar la eficiencia operativa de estas compañías clave para el desarrollo nacional.
La participación de auditoras internacionales también representa una señal clara de apertura institucional. Según expertos, esto podría influir positivamente en la percepción de riesgo país y facilitar el acceso a financiamiento internacional con mejores condiciones.
Ajustes económicos excluyen a los hogares de aumentos en tarifas eléctricas
En materia energética, el Gobierno implementará un ajuste tarifario exclusivo para los consumidores de Alto Voltaje (AV1) y Medio Voltaje (MV), como parte del reordenamiento de subsidios. A partir de este mes, estos grupos pasarán a pagar el costo real del servicio eléctrico. No obstante, quedarán exentos sectores sociales sensibles como centros deportivos, sistemas de bombeo comunitarios y asistencia social.
La nueva tarifa establece que los usuarios AV1 pagarán 10,22 cUSD/kWh frente a los actuales 7,91 cUSD/kWh. En el caso de los consumidores MV, el valor pasará de 9,27 a 11,64 cUSD/kWh. Este cambio no afectará al sector residencial, por lo que más de 5,3 millones de hogares mantendrán su tarifa actual.
Con este ajuste, el Ejecutivo busca reducir la carga fiscal sin comprometer el acceso básico a la energía para las familias ecuatorianas. La medida se enmarca dentro de un enfoque progresivo donde quienes más consumen y tienen mayor capacidad económica asumen una contribución proporcional.
Fin del subsidio al diésel industrial busca equilibrio y eficiencia en pesca
Otra de las decisiones anunciadas por la vocera Jaramillo fue la eliminación del subsidio al diésel para el sector atunero industrial. Esta industria, que exportó más de USD 1.641 millones en 2024, ha mostrado un crecimiento sólido y sostenido, lo cual, según el Gobierno, justifica que ahora asuma el precio real del combustible.
Actualmente, 29 grandes empresas del sector absorben el 60 % del subsidio, lo que en 2024 representó una carga de USD 42 millones para el Estado. En contraste, el subsidio se mantendrá para los pescadores artesanales, considerados actores prioritarios en términos sociales y económicos.
Para facilitar la transición, se abrirán líneas de crédito por USD 42 millones a través del Banco del Pacífico, con respaldo de la CFN, permitiendo cubrir hasta el 75 % del riesgo asociado. Estas líneas tendrán una tasa de interés del 6 % anual y estarán destinadas a renovar flotas pesqueras, incentivando el uso de motores más eficientes y sostenibles.
Esta política combina racionalización fiscal con incentivos productivos, respondiendo a los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental que el Gobierno ha propuesto en su agenda económica.
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Fuente: lodijeron.wordpress.com
