A pesar de la derrota en la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre, el movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) emerge como actor dominante en la primera función del Estado, según la periodista y analista Thalía Flores. La conformación de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional revela que, aunque no ganaron la presidencia, el correísmo controla una parte crucial del poder estatal y da indicios de una posible cogobernabilidad.
El pleno de la Legislatura, el 19 de noviembre de 2023, distribuyó las bancadas en las quince comisiones especializadas permanentes, y el movimiento correísta aseguró su influencia al contar con una mayoría de 51 asambleístas y dirigir seis de las quince mesas. La comisión de Fiscalización y Control Político, encabezada por la militante Pamela Aguirre, es particularmente estratégica para la RC, al tener la capacidad de fiscalizar y cuestionar las acciones del Gobierno.
En esta comisión, donde la RC ostenta mayoría con cuatro de los nueve miembros, se perfila una agenda de trabajo ambiciosa. Entre los objetivos destaca llevar a juicio político a la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, y revivir el proceso de enjuiciamiento al presidente saliente, Guillermo Lasso. Este último, que estuvo a punto de votarse en mayo pasado, fue suspendido debido a la disolución del Parlamento por una grave crisis política denominada “muerte cruzada”.
La RC también contempla abordar pendientes del periodo anterior, incluyendo la situación de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Consejo de la Judicatura (CJ), y de la ministra de Mujer y Derechos Humanos, Paola Flores. Además, no descartan interpelar a los ministros de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, y de Energía y Minas, Fernando Santos.
La presidencia de la comisión de Fiscalización se presenta como un desafío significativo para Daniel Noboa, quien, a pesar de ganar la presidencia, deberá enfrentarse a un órgano clave controlado por la oposición.
