El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori comenzó el despliegue de efectivos del Ejército en los perímetros de tres cárceles declaradas en emergencia en Perú. Esta intervención militar busca reforzar la seguridad perimetral, frenar la coordinación de delitos desde los penales y avanzar en un plan integral para reformar el sistema penitenciario del país.
La medida responde a una severa crisis por hacinamiento. Actualmente, el sistema penitenciario peruano alberga a más de 100 000 presos en 69 cárceles, a pesar de contar con una capacidad conjunta para solo 40 000 reclusos. Según el Ejecutivo, esta sobrepoblación facilita que bandas criminales mantengan el control operativo desde el interior de los reclusorios.
Despliegue de las Fuerzas Armadas en penales estratégicos
El patrullaje militar comenzó en los exteriores de los centros penitenciarios de Ancón I y Miguel Castro Castro, situados en Lima. Asimismo, las Fuerzas Armadas asumieron la custodia perimetral en la cárcel de Trujillo, provincia afectada por el crimen organizado y la minería ilegal.
La declaratoria de emergencia abarca también los penales de Cochamarca y Challapalca. Este último, catalogado como un centro de máxima seguridad, se ubica a 4 600 metros de altitud en la región de Tacna. Las autoridades sostienen que la presencia militar resulta indispensable para evitar que líderes criminales sigan coordinando extorsiones y otros delitos hacia el exterior.
Propuestas legislativas para la reforma del sistema penitenciario
Para complementar las acciones operativas, el Gobierno solicitó al Parlamento la delegación de facultades legislativas durante un periodo de 120 días. La propuesta del Ejecutivo plantea incorporar el trabajo obligatorio de los internos como parte de su régimen penitenciario y ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
El enfoque de la administración se apoya en mandos militares en áreas clave del gabinete. El general César Astudillo fue designado ministro del Interior, mientras que el coronel de la Fuerza Aérea Abraham Lescano asumió la dirección del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Deficiencias críticas en la seguridad de las prisiones
El despliegue de las Fuerzas Armadas coincide con la detección de vulnerabilidades graves en la infraestructura penitenciaria. Una inspección reciente realizada por la Contraloría General de la República identificó escáneres ausentes o averiados en el penal de Ancón I, además de fallas en los sistemas de videovigilancia y en la seguridad perimetral.
El informe del organismo de control también reveló deficiencias estructurales en las torres de vigilancia, la iluminación interna y otros elementos de protección física. Corregir estos fallos representa uno de los principales retos del Ejecutivo dentro del plan para reestructurar las prisiones y contener la delincuencia organizada en el país.
Preguntas frecuentes
¿Qué cárceles de Perú están en emergencia y bajo custodia militar?
Las Fuerzas Armadas custodian los perímetros de Ancón I, Miguel Castro Castro (Lima) y la cárcel de Trujillo. La declaratoria de emergencia incluye también a los penales de Cochamarca y Challapalca, este último situado a 4 600 metros de altitud en Tacna.
¿Cuál es el nivel de hacinamiento en las prisiones peruanas?
Las 69 cárceles de Perú albergan a más de 100 000 personas privadas de la libertad, aunque la capacidad del sistema penitenciario es de únicamente 40 000 reclusos. Este sobrecupo entorpece el control institucional y favorece la operación de redes criminales.
¿Qué medidas contempla el plan de reforma penitenciaria de Keiko Fujimori?
El plan abarca la militarización de los exteriores de los penales, la incorporación del trabajo de los presidiarios dentro de su régimen condicional y una solicitud de facultades legislativas por 120 días al Congreso para modificar leyes de seguridad.
Conclusión
El despliegue militar en los recintos penales señala el inicio de una estrategia integral con la que Keiko Fujimori busca intervenir el sistema penitenciario de Perú. Frente al grave hacinamiento y las fallas en la infraestructura de seguridad reportadas por la Contraloría, la acción coordinada entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas pretende recuperar el control institucional de las cárceles y neutralizar el accionar del crimen organizado.
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