El juicio político contra Mario Godoy avanza en la Asamblea Nacional. El presidente del Consejo de la Judicatura podría comparecer nuevamente ante los 151 asambleístas alrededor del 10 de marzo de 2026. Por tanto, el proceso tomará aproximadamente dos meses desde su inicio.
Consejo de Administración Legislativa avoca conocimiento del caso
El jueves 8 de enero de 2026, el CAL dio el primer paso formal. Acción Democrática Nacional (ADN) lidera este organismo que aceptó procesar la solicitud presentada por Revolución Ciudadana (RC). Sin embargo, requirió un informe técnico previo a la Unidad Técnica Legislativa (UTL).
Este documento verificará el cumplimiento de requisitos formales. No obstante, la UTL no tiene poder vinculante. En consecuencia, los siete miembros del CAL mantienen la decisión final sobre continuar o archivar el juicio político contra Mario Godoy.
Crece el apoyo político para fiscalizar a Godoy
El ambiente legislativo favorece la continuación del proceso. Además, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, respaldó públicamente la fiscalización el 8 de enero. Igualmente enfatizó que la Judicatura representa una pieza central del Estado de derecho.
«La Judicatura no es un espacio menor, es una pieza central del Estado de derecho y la lucha contra el crimen organizado», afirmó Olsen. Por otra parte, su correligionaria Diana Jácome respaldó las declaraciones de la ministra de Gobierno, Nataly Morillo.
«Apoyamos el juicio político y será ese espacio en el que el señor Godoy demuestre su inocencia», declaró Jácome. Mientras tanto, Revolución Ciudadana mantiene desconfianza sobre el compromiso real de ADN.
Acusaciones de presión sobre juez anticorrupción
Las denuncias contra Godoy se centran en presuntas presiones indebidas. Específicamente, funcionarios cercanos a su administración habrían influido sobre el juez Carlos Serrano. Asimismo, estas acciones buscarían beneficiar a un narcotraficante serbio.
Durante su comparecencia del 5 de enero de 2026, Godoy no disipó las dudas. Por el contrario, el funcionario solicitó ampliar sus descargos en un juicio político contra Mario Godoy formal.
Calendario completo del proceso hasta marzo
El cronograma establece plazos específicos que deben cumplirse obligatoriamente:
Primera etapa – Calificación (hasta el 15 de enero)
La UTL entregará su informe técnico el 11 de enero. Posteriormente, el CAL se reunirá para resolver la calificación. Finalmente, enviará la solicitud a la Comisión de Fiscalización.
Segunda etapa – Presentación de pruebas (hasta el 9 de febrero)
El presidente Ferdinan Álvarez tiene cinco días para notificar oficialmente. Luego, denunciantes y denunciado disponen de 15 días para presentar evidencias. En consecuencia, este plazo vence el 9 de febrero.
Tercera etapa – Práctica de pruebas (hasta el 21 de febrero)
La Comisión abre 10 días para recepción de versiones. No obstante, el feriado de Carnaval (17-18 de febrero) extiende el plazo hasta el 21 de febrero.
Cuarta etapa – Informe final (hasta inicios de marzo)
La mesa de Fiscalización elabora su dictamen en cinco días. Además, puede solicitar una prórroga equivalente. Por ende, el documento estaría listo para el 5 de marzo aproximadamente.
Etapa final – Pleno de la Asamblea (10 de marzo aproximadamente)
Niels Olsen cuenta con cinco días adicionales para incluir el tema en la agenda del Pleno. Finalmente, alrededor del 10 de marzo se realizaría la interpelación formal donde se debatirá el juicio político contra Mario Godoy.
Posible censura y destitución en juego
La Comisión de Fiscalización determinará si existen méritos suficientes. Igualmente evaluará la gravedad de las acusaciones presentadas. Posteriormente, el Pleno decidirá sobre una eventual censura y destitución.
La Contraloría también examina la designación de Godoy en la Judicatura. Mientras tanto, Cristian Fantoni defiende el proceso del Consejo de Participación. Por tanto, el caso presenta múltiples frentes de investigación simultáneos.
El resultado del juicio político contra Mario Godoy definirá el futuro de la Judicatura ecuatoriana. Asimismo, marcará un precedente sobre la fiscalización de autoridades del sistema judicial. Finalmente, la decisión impactará directamente en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador.
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