El juicio del caso Triple A se reinstaló este 19 de julio de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito, con la presentación de pruebas de descargo por parte de la defensa. La audiencia arrancó a las 08:50 y continúa con la participación de las empresas Copedesa, Corpalubri, Indudiesel y Ternape.
Antecedentes del juicio del caso Triple A
El proceso, que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se reanudó el 18 de julio luego de diez días en los que la Fiscalía expuso sus pruebas acusatorias. Según la investigación, existiría comercialización ilegal de combustibles en zonas fronterizas. Durante esa jornada se realizaron tres testimonios vinculados a las empresas mencionadas, y el Tribunal suspendió la sesión pasadas las 19:00 para retomarla este domingo.
En esta etapa, Alvarez y los otros 21 procesados —15 personas naturales y 6 empresas— deben presentar ante el juez las pruebas que respaldan su versión de los hechos. Entre ellas figura el propio testimonio del alcalde, para lo cual había pedido ampliar las visitas de sus abogados en la cárcel de El Encuentro, en Santa Elena.
El alcalde solicitó previamente aplazar la audiencia, argumentando que necesitaba más tiempo para coordinar con su equipo legal la estrategia de defensa y preparar el alegato de clausura, en resguardo de su derecho a la defensa.
Los cinco mecanismos señalados por la Fiscalía
Antes de esta fase, la Fiscalía había expuesto lo que calificó como cinco mecanismos del presunto «modus operandi»: venta no autorizada de diésel subsidiado hacia clientes fuera del segmento permitido; superación de límites de almacenamiento en estaciones fronterizas; distribución a entidades con permisos vencidos; ventas entre empresas del mismo grupo sin autorización; y presunto incumplimiento de cláusulas contractuales con Petroecuador.
Como parte de su acusación, la Fiscalía indicó que entre enero de 2020 y septiembre de 2024, Petroecuador despachó más de 66 millones de galones de diésel industrial, pero solo facturó cerca de 57 millones, lo que —según su tesis— reflejaría un desvío no autorizado de unos 10 millones de galones. Citó además el caso de una estación afiliada a Copedesa que, pese a tener capacidad para almacenar apenas 10.000 galones, habría recibido más de siete millones de galones en año y medio.
Según los cálculos presentados por la Fiscalía, el exceso de combustible no facturado por las comercializadoras superaría los 22,7 millones de galones, con un perjuicio económico estimado superior a los 61 millones de dólares entre enero y septiembre de 2024.
Lo que viene en el juicio del caso Triple A
Con la presentación de pruebas de descargo en marcha, el juicio del caso Triple A entra en una fase clave: la defensa buscará desvirtuar el relato fiscal antes de que el Tribunal avance hacia los alegatos finales. La audiencia continuará en los próximos días con más comparecencias de las empresas involucradas y, eventualmente, con el testimonio directo de Aquiles Alvarez.
Otras Noticias
Servicios Esenciales en la Ruralidad: la Otra Cara del Plan de Seguridad de Noboa
