El Gobierno ecuatoriano presentó su Plan de Seguridad Integral 2025-2029, un documento de casi 200 páginas que prioriza la intervención militar. Sin embargo, el texto también reconoce que garantizar los servicios esenciales en la ruralidad es clave para enfrentar la crisis de violencia e inseguridad del país.
El diagnóstico oficial admite debilidades estructurales profundas. Por ejemplo, el sistema educativo enfrenta desafíos de cobertura; además, persisten desigualdades territoriales en el acceso a la educación superior. Asimismo, el gasto en salud de los hogares sigue representando un tercio del gasto total, mientras 469.000 personas permanecen en situación de desplazamiento interno.
El impacto económico de la violencia también quedó documentado. Entre 2022 y 2023, más de 65.000 microempresas cerraron por extorsión, violencia o bloqueos logísticos. Por otra parte, la pobreza por ingresos se ubica en el 24%, un indicador que el propio plan vincula con la vulnerabilidad social. A esto se suma la fragilidad socioambiental, derivada de sequías, inundaciones, deforestación e incendios recurrentes.
Frente a este panorama, el equipo interinstitucional de Daniel Noboa planteó siete objetivos generales. No obstante, tres de ellos se alejan del enfoque bélico y apuntan directamente a lo institucional, social y ambiental.
Estabilidad democrática como primer eje
El plan busca reforzar la coordinación entre la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Secretaría de Gestión de Pueblos, la UAFE y la Fiscalía. El objetivo es fortalecer el control sobre estructuras que debiliten la gobernanza estatal. Igualmente, se plantea una mayor articulación entre la Secretaría de Integridad Pública y el Consejo de Participación Ciudadana para reforzar el control social, además de consolidar la protección de la infraestructura digital crítica del Estado.
Acceso equitativo a los servicios esenciales en la ruralidad
Este es el eje donde el plan fija metas más ambiciosas. El documento propone reforzar la presencia estatal a través de los ministerios de Desarrollo Humano, Educación, Deporte y Cultura, y Salud, en coordinación con los gobiernos locales. La meta es asegurar, hasta 2029, un acceso equitativo y universal a salud, educación, alimentación, agua potable, saneamiento, vivienda, seguridad social y tecnologías de la información en comunidades rurales, amazónicas e indígenas. Adicionalmente, el Ministerio de Trabajo se propone reducir el desempleo y la informalidad laboral hasta 2028.
Control del patrimonio natural
Por último, el plan encarga al Ministerio de Ambiente y Energía, junto con las autoridades de gestión de riesgos y los gobiernos locales, aplicar la normativa contra la deforestación y la extracción ilegal de recursos. La Cancillería, por su parte, buscará consolidar la posición internacional del país en conservación, cambio climático y biodiversidad.
En definitiva, aunque el componente militar concentra la atención pública, el Gobierno reconoce que sin garantizar los servicios esenciales en la ruralidad difícilmente se podrá revertir la crisis de fondo. El cumplimiento de estas metas hasta 2029 será, en consecuencia, la verdadera prueba de fuego del plan.
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