El Tribunal Contencioso Electoral continúa con el trámite de una denuncia por presunta infracción electoral. Esta es contra dirigentes de la Revolución Ciudadana. El juez del TCE advirtió dificultades para ubicar sus domicilios y concretar las notificaciones formales del proceso.
El juez Guillermo Ortega, integrante del TCE, emitió una nueva providencia. En esta, detalla los inconvenientes que ha tenido el organismo para localizar a Luisa González y Andrés Arauz, quienes integraron el binomio presidencial del correísmo en las elecciones anticipadas de 2023.
Dificultades para localizar domicilios de los denunciados
De acuerdo con el auto de sustanciación, el Tribunal no ha logrado identificar con precisión los domicilios de los excandidatos. Esto ha retrasado la entrega de las notificaciones correspondientes dentro del proceso iniciado por el Consejo Nacional Electoral.
Ante esta situación, el juez dispuso requerir información a varias entidades públicas. Entre ellas se encuentran el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Contraloría General del Estado, el Registro Civil y la Agencia Nacional de Tránsito. El fin es individualizar direcciones actualizadas de los involucrados.
Solicitud de registro migratorio de Andrés Arauz
En el caso específico de Andrés Arauz, el magistrado ordenó al Ministerio del Interior que remita su registro migratorio en un plazo máximo de tres días. La finalidad es establecer si el exaspirante presidencial se encuentra actualmente dentro o fuera del país.
Esta medida se adoptó luego de que la Cancillería informara al TCE que no consta un registro consular a nombre de Arauz. Además, la información sobre movimientos migratorios corresponde a otra cartera de Estado.
Situación de Santiago Díaz dentro del proceso
La denuncia también alcanza a Santiago Díaz Asque, exjefe de campaña de la Revolución Ciudadana en 2023 y actual asambleísta. Díaz permanece recluido tras una denuncia penal por violación a una menor de edad.
Según el expediente, el legislador fue citado personalmente el 10 de diciembre de 2025. No presentó su contestación dentro del plazo legal de cinco días. Este hecho fue dejado en constancia por la secretaría del TCE.
Posibles sanciones según la Ley Electoral
El Consejo Nacional Electoral sostiene que la organización política no habría presentado ni justificado correctamente los informes financieros. Estos informes están relacionados con los aportes privados de la campaña electoral.
Si el Tribunal determina la responsabilidad de los denunciados, la normativa electoral contempla multas. Estas multas van desde 20 hasta 70 salarios básicos unificados. Además, se contempla la suspensión de derechos políticos por un periodo de dos a cuatro años. Adicionalmente, podría evaluarse la cancelación de la inscripción de la organización política.
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