El Consejo de la Judicatura eliminó los juzgados anticorrupción argumentando baja carga procesal, desatando alertas de juristas por la pérdida de especialización.
Puntos clave de la resolución judicial:
- Supresión unánime: El Pleno del Consejo de la Judicatura eliminó las unidades especializadas creadas en 2022.
- Argumento oficial: La entidad justificó la medida por un supuesto desequilibrio procesal y baja carga de expedientes (234 causas en 12 meses).
- Redistribución masiva: Las competencias penales contra 44 delitos complejos pasarán a más de 50 jueces ordinarios a escala nacional.
- Cuestionamientos legales: Juristas y exautoridades advierten sobre la pérdida de especialización técnica y riesgos de seguridad para los juzgadores.
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió por unanimidad suprimir las dependencias judiciales especializadas en delitos de corrupción y crimen organizado, poniendo fin a un modelo institucional élite tras cuatro años de operatividad. La resolución dispuso que las causas por 44 tipos penales de alta complejidad sean asumidas por juzgados penales ordinarios, flagrancia y tribunales provinciales en todo el país.
La Judicatura fundamentó su decisión en informes estadísticos que señalan un desbalance operativo. Según el organismo, el Tribunal Anticorrupción tramitó únicamente 234 expedientes entre sus nueve integrantes durante un período de 12 meses, mientras los despachos ordinarios de Pichincha y Guayas operan desbordados sobre el 100% de su capacidad instalada.
Argumentos de optimización frente al rechazo de juristas
La presidenta del CJ, Mercedes Caicedo, defendió la medida argumentando que la redistribución no debilita el combate penal contra las mafias, sino que incrementa la capacidad de respuesta al habilitar a más de 50 jueces en lugar de los 19 funcionarios que laboraban de manera exclusiva en las salas especializadas.
Por el contrario, el expresidente de la Judicatura Fausto Murillo calificó la decisión como un retroceso técnico y una medida desatinada. Murillo recordó que las dependencias nacieron bajo las directrices de la Convención de la ONU de 2000 con respaldo financiero y metodológico de Estados Unidos y la Unión Europea, advirtiendo que los jueces ordinarios carecen de los esquemas de protección física necesarios para juzgar casos de sicariato, terrorismo y lavado de activos.
Preocupación por causas complejas y megaprocesos
Abogados penalistas y docentes universitarios expresaron su profunda preocupación por la ruptura del principio de especialización jurídica. Expertos advierten que asignar causas transnacionales complejas a jueces de garantías penales generales diluirá la efectividad probatoria en expedientes sensibles de conmoción nacional.
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Escrito por: Cristian Lamiño
Periodista digital especializado en noticias de impacto, sucesos de última hora, política y actualidad ecuatoriana. Enfocado en la inmediatez y veracidad de la información.
