La Asamblea Nacional enfrenta un nuevo escenario político y judicial tras acumular cuatro solicitudes formales para levantar la inmunidad parlamentaria del asambleísta Juan Andrés González. Él es integrante de la bancada de la Revolución Ciudadana. Las solicitudes se presentan por presuntas calumnias contra legisladores oficialistas.
Origen de los pedidos judiciales
Las solicitudes se derivan de declaraciones públicas emitidas por Juan Andrés González el 10 de diciembre de 2025. Ese día, en una rueda de prensa, calificó como terroristas a los integrantes de la bancada Acción Democrática Nacional. Estas expresiones generaron reacciones inmediatas. Además, provocaron la presentación de querellas penales por parte de varios legisladores de ADN.
Intervención de la Corte Nacional de Justicia
El juez nacional Felipe Córdova Ochoa remitió a la Asamblea Nacional pedidos formales para que se autorice el inicio de procesos penales contra el legislador. Dos de estas solicitudes corresponden a las querellas presentadas por las asambleístas Mishel Mancheno y Janina Rizzo. Ellas aseguran que las acusaciones afectan su honor y reputación.
Argumentos legales de las denuncias
Las acciones penales se sustentan en el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica el delito de calumnia. Según las denunciantes, las expresiones de González no constituyen opinión política ni parte del debate democrático, sino imputaciones directas de delitos graves sin sustento probatorio.
Plazos y votos necesarios en la Asamblea
Aunque el trámite fue incluido en el orden del día del pleno del 20 de enero de 2026, la sesión fue suspendida y el proceso quedó pendiente. La Asamblea dispone de hasta 30 días para pronunciarse. Se requiere el respaldo de al menos 101 votos para levantar la inmunidad parlamentaria de un legislador.
Posibles sanciones y reparaciones solicitadas
En las querellas se solicita que Juan Andrés González sea procesado penalmente. Piden que se imponga una pena privativa de libertad de hasta dos años y se ordenen reparaciones integrales. Tales reparaciones incluyen compensación económica y disculpas públicas.
Un escenario político complejo
La decisión del pleno se dará en un contexto de fuerte polarización política, lo que complica alcanzar la mayoría calificada requerida. El caso se perfila como un precedente clave sobre los límites de la inmunidad parlamentaria. Asimismo, marcará la responsabilidad legal de los legisladores por declaraciones fuera del ámbito legislativo.
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