La bancada Acción Democrática Nacional, ADN impulsa proyecto ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para enfrentar el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado, una práctica que vulnera derechos y afecta la seguridad del Estado.
La iniciativa fue entregada el 21 de enero de 2026 por la vicepresidenta María José Pinto y el ministro del Interior, John Reimberg, a la asambleísta Valentina Centeno, coordinadora de la bancada ADN.
Endurecimiento de sanciones penales
El proyecto plantea penas de entre 19 y 22 años de prisión para quienes recluten, utilicen o enlistan a niñas, niños y adolescentes. Cuando el delito se relaciona con otras infracciones penales, la sanción se eleva hasta 26 años de cárcel.
Estas medidas buscan impedir que las organizaciones criminales utilicen a menores como escudos legales para reducir su responsabilidad penal.
Reformas a once normas vigentes
La propuesta incluye 44 artículos y reformas a once cuerpos legales, entre ellos el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico Integral Penal.
El texto también modifica leyes relacionadas con educación, salud, cultura, deporte y seguridad pública, con el fin de fortalecer la prevención y la protección integral.
Prevención y articulación institucional
El proyecto refuerza el Sistema Nacional de Protección Integral y establece mecanismos obligatorios de coordinación entre instituciones del Estado y gobiernos locales.
El objetivo es detectar de manera temprana los riesgos de reclutamiento de menores y activar respuestas oportunas en los territorios más afectados.
Justicia especializada para adolescentes
La iniciativa mantiene un tratamiento diferenciado para los adolescentes involucrados en estos casos. En estos procesos, se garantiza el acceso a una justicia especializada, conforme al Código de la Niñez y Adolescencia.
Este enfoque prioriza la protección de derechos y la reintegración social de los menores.
Seguridad del Estado y protección de derechos
La vicepresidenta María José Pinto señaló que la propuesta coloca a la niñez en el centro de la política pública y promueve un enfoque preventivo y humano.
Por su parte, el ministro John Reimberg advirtió que el reclutamiento de menores constituye una amenaza directa a la seguridad del Estado y debilita el tejido social.
Protección a denunciantes
El proyecto incorpora el reclutamiento de menores y el delito de extorsión al régimen de denuncia con reserva de identidad del COIP.
Esta medida busca fortalecer la investigación penal y proteger a quienes denuncian la actuación de las estructuras criminales.
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