En el Pleno de la Asamblea Nacional, el 21 de diciembre de 2023, se desató una contienda legal con respecto a la solicitud del juez nacional, Luis Rivera Velasco, para autorizar un nuevo enjuiciamiento penal contra el ex vicepresidente Jorge Glas. Sin embargo, la moción quedó en suspenso al obtener solo 44 votos a favor de los 92 necesarios para su aprobación, generando incertidumbre sobre el futuro jurídico del exfuncionario.
De los 115 asambleístas presentes, 48 votaron en contra, principalmente provenientes del bloque correísta, mientras que 23 optaron por la abstención. Notablemente, 22 legisladores, incluido el presidente del Parlamento, Henry Kronfle (PSC), no estuvieron presentes en la sesión, añadiendo complejidad al panorama.
La propuesta para autorizar el enjuiciamiento penal fue presentada por Esther Cuesta, de la bancada correísta, bajo la premisa de salvaguardar la seguridad jurídica de Jorge Glas. Este último, afrontando acusaciones relacionadas con la malversación de fondos para la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016, buscará asilo diplomático en México.
El debate, dirigido por Viviana Veloz del correísmo, fue breve y suscitó intentos de apelación por parte de Ana Galarza de Construye, quien cuestionó la vulneración del procedimiento parlamentario. Sin embargo, su apelación no recibió respaldo del Pleno. Veloz cerró el debate después de la presentación de la moción y permitió solo una intervención adicional de Vicente Taiano, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC).
Taiano sugirió que la Asamblea debería declararse “incompetente” para tratar la solicitud del juez Rivera, cuya actuación se vio comprometida recientemente por un allanamiento de su despacho en relación con un presunto caso de delincuencia organizada llamado Metástasis. Ante la falta de votos para autorizar o negar el enjuiciamiento, Taiano argumentó que la decisión recae ahora en el juez Rivera.
Este episodio ha dejado al exvicepresidente Jorge Glas en una situación de incertidumbre jurídica, refugiado desde el pasado domingo en la Embajada de México en Quito. Además, se plantea la duda sobre la legalidad de la resolución, ya que algunos, como el exasambleísta Fernando Flores, sostienen que la Asamblea actuó ilegalmente al considerar que Glas ya no es un vicepresidente en funciones desde hace seis años. En 2019, la Asamblea devolvió una solicitud similar en el caso Sobornos, alegando la falta de funciones oficiales de los implicados. La situación actual podría abrir un debate sobre la interpretación y aplicación de la normativa constitucional en casos similares.
Fuente:
También te puede interesar:
