La asambleísta Jahiren Noriega abandonó la Comisión de Seguridad el 19 de febrero de 2026 durante el tratamiento de la Ley Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en Guayaquil. Su salida ocurrió mientras comparecía el ministro del Interior, John Reimberg.
Según la transmisión oficial, la presidenta de la mesa, Inés Alarcón, no dio paso a preguntas dirigidas al ministro. En ese momento, Jahiren Noriega abandonó la Comisión de Seguridad y expresó su desacuerdo con el desarrollo de la sesión.
La legisladora cuestionó que no se permitiera la interpelación al funcionario en un tema que calificó como urgente para el país. También criticó el traslado de la comisión a Guayaquil y señaló que el ministro debía responder sobre la crisis carcelaria, en especial ante la preocupación de figuras como Jahiren Noriega.
ADN solicita que se evalúe sanción para Jahiren Noriega
Tras la salida de la asambleísta, Inés Alarcón pidió que se leyera el inciso tercero del artículo 20 del Reglamento de Comisiones. La norma establece que los legisladores no pueden ausentarse durante las comisiones generales. Ahora bien, este caso toma mayor relevancia a raíz de la actuación de Jahiren Noriega.
La presidenta solicitó que el caso se remita al Consejo de Administración Legislativa para que determine si corresponde una sanción. Hasta el momento, no se ha confirmado una resolución oficial.
Debate marcado por cifras de violencia
Después de que Jahiren Noriega abandonó la Comisión de Seguridad, la asambleísta declaró que el país cerró 2025 con más de 9.000 muertes violentas. Varias se registraron en centros penitenciarios.
A su criterio, la Comisión de Seguridad debía permitir preguntas y garantizar un control político efectivo. Insistió en que el ministro debía rendir cuentas sobre la situación del sistema penitenciario y las acciones frente a la inseguridad, con énfasis en los pedidos de Jahiren Noriega.
El Consejo de Administración Legislativa deberá revisar el informe y determinar si procede o no la sanción, en un contexto marcado por la tensión política y el debate sobre el rol de fiscalización dentro de la Comisión de Seguridad, especialmente frente a la crisis penitenciaria y las cifras de violencia que enfrenta el país.
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