- Un error en el software de oficinas vehiculares registró involuntariamente a más de 30.000 personas no ciudadanas en varios estados.
- Auditorías electorales en Oregón, Ohio y Virginia detectaron las inscripciones y procedieron a cancelar los registros indebidos.
- Funcionarios electorales confirmaron que menos del 0,05% de esos registros emitieron sufragios en convocatorias pasadas.
- El incidente avivó el debate político sobre la seguridad de los padrones y las leyes de votación automática en EE. UU.
Una combinación de fallas en sistemas informáticos de registro automatizado y errores de digitación en oficinas de emisión de licencias de conducir incorporó involuntariamente a más de 30.000 personas no ciudadanas a los padrones electorales de varios estados en Estados Unidos, según confirmaron auditorías oficiales publicadas este 23 de septiembre de 2026.
Las revisiones técnicas, desarrolladas en dependencias de los departamentos de vehículos motorizados (DMV) de estados como Oregón, Ohio y Virginia, revelaron que ciudadanos con residencia permanente legal (portadores de ‘green card’) o visas de trabajo fueron inscritos automáticamente para votar debido a una mala configuración en las pantallas táctiles de captura de datos de los usuarios.
Mecanismos del fallo en las leyes de votación automática
Bajo la legislación conocida como ‘Motor Voter Act’, implementada a nivel federal y reforzada con estatutos de registro automático de votantes (AVR) en una veintena de estados, los sistemas estatales cruzan la información de quienes solicitan o renuevan permisos de conducción para remitirla a las secretarías de Estado encargadas de las elecciones.
De acuerdo con los informes remitidos a la Comisión Federal de Elecciones de EE. UU., la anomalía informática se produjo cuando empleados de ventanilla marcaron erróneamente preguntas de elegibilidad o cuando actualizaciones de software procesaron pasaportes extranjeros o documentos migratorios como si fuesen certificados de naturalización estadounidense.
En el estado de Oregón, las autoridades reportaron haber identificado más de 1.200 registros irregulares desde 2021, de los cuales únicamente diez personas llegaron a emitir un sufragio, la mayoría bajo el convencimiento de que su registro había sido aprobado de forma legítima por las autoridades correspondientes.
Impacto político y depuración inmediata de los padrones
La divulgación de estos informes ocurre en un clima de alta tensión partidista en el Congreso de Estados Unidos, donde comités legislativos debaten proyectos para endurecer los requisitos de prueba de ciudadanía previa a la inscripción de sufragantes.
Los secretarios de Estado de las jurisdicciones afectadas aseguraron que se han tomado medidas inmediatas de corrección. Los registros indebidos fueron cancelados de las bases de datos de votación y se instalaron parches informáticos que exigen doble validación criptográfica ante las bases del Departamento de Seguridad Nacional antes de que un expediente sea transferido al padrón activo.
Esta preocupación por la transparencia en los procesos electorales y el uso de instituciones estatales encuentra paralelismos en el escenario latinoamericano, como se constata en las controversias sobre el uso indebido de tribunas públicas documentadas en la nota sobre la demanda contra gobernantes en la región según el caso de Flavio Bolsonaro y la demanda por uso de tribuna en la ONU, donde la integridad de las reglas electorales centra la disputa política.
Garantías de seguridad para los comicios generales
Especialistas en derecho electoral y organizaciones de libertades civiles como la Brennan Center for Justice señalaron que, si bien las fallas informáticas deben ser erradicadas de raíz, las auditorías estatales demostraron que los mecanismos de control posterior son capaces de identificar anomalías y sanear las listas sin afectar el derecho al voto de los ciudadanos habilitados.
Los funcionarios recalcaron que la ley federal estadounidense establece severas sanciones penales para personas no ciudadanas que voten deliberadamente en elecciones federales, incluyendo penas de prisión y la deportación inmediata sin derecho a fianza. Por ello, la inmensa mayoría de los afectados por este error de software desconocían encontrarse incluidos en los listados electorales hasta que fueron contactados por las autoridades del estado para la anulación preventiva del registro.
Los departamentos electorales anunciaron que continuarán realizando cruces quincenales de información con las bases del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para asegurar que ningún registro irregular permanezca activo de cara a los próximos comicios legislativos y presidenciales, reforzando la confianza pública en el sistema democrático norteamericano.
Constitucionalistas de la Universidad de Georgetown recalcaron que el marco legal federal protege con severidad la integridad del sufragio sin restringir indebidamente el acceso de las minorías habilitadas, exigiendo que las correcciones tecnológicas se ejecuten con estricto apego al debido proceso y bajo supervisión judicial imparcial.
