- El Gobierno de Bolivia ordenó la detención preventiva del fiscal general Roger Mariaca.
- Se lo investiga por presunto encubrimiento y protección a redes del narcotráfico internacional.
- Estados Unidos incluyó a funcionarios bolivianos en listas de sanciones por corrupción.
- El Ministerio Público boliviano atraviesa una severa crisis institucional tras la captura.
El Gobierno de Bolivia confirmó este jueves 1 de octubre de 2026 la aprehensión preventiva del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en el marco de una investigación judicial de alta sensibilidad orientada a determinar presuntos vínculos de protección institucional y encubrimiento sistemático a organizaciones dedicadas al narcotráfico y actividades terroristas en la región andina.
La intervención policial se ejecutó luego de que el Ministerio de Gobierno y unidades de inteligencia financiera acumularan elementos de convicción sobre la paralización deliberada de expedientes contra cabecillas de clanes de la droga que operan en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Beni. Según las autoridades bolivianas, el alto funcionario habría facilitado el archivo irregular de causas clave a cambio de sobornos y prerrogativas políticas.
Presiones internacionales y sanciones diplomáticas
El arresto del máximo representante del Ministerio Público boliviano ocurre en un momento de máxima tensión diplomática, tras la reciente publicación de un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que sancionó a decenas de ciudadanos y magistrados bolivianos bajo la acusación de facilitar rutas de transporte de estupefacientes y lavado de activos hacia mercados norteamericanos y europeos.
De acuerdo con registros divulgados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y despachos informativos de Reuters, Bolivia se ubicó recientemente como el país con la mayor cantidad de personas incorporadas en nóminas de restricción de visado y congelamiento preventivo de cuentas bancarias en el hemisferio occidental.
La convulsión judicial en el país vecino se conecta con las tensiones que sacuden al cono sur, similares a las advertencias de desestabilización observadas cuando Javier Milei publicará trilogía y alerta sobre planes desestabilizadores en su administración frente a grupos de oposición.
Crisis institucional en el Ministerio Público
La detención de Mariaca desató un terremoto político en el Parlamento boliviano, donde las fuerzas de oposición y sectores críticos exigieron la designación inmediata de un fiscal interino con perfil técnico e intachable trayectoria ética para evitar la contaminación de pruebas en los despachos centrales de la Fiscalía General en Sucre.
Entretanto, la defensa jurídica del fiscal calificó la medida de persecución política orquestada desde el Ejecutivo para subordinar el órgano judicial y acallar investigaciones independientes sobre contrataciones estatales. El juez de control de garantías determinó que Mariaca permanecerá bajo custodia policial en dependencias de la fuerza anticrimen de La Paz mientras se desarrolla la audiencia cautelar respectiva.
Organismos internacionales de derechos humanos han anunciado el envío de veedores para monitorear el debido proceso, en momentos en que la ciudadanía boliviana exige transparencia y desmantelamiento de las redes ilícitas incrustadas en el aparato público.
El Ministerio Público boliviano atraviesa un periodo de extrema incertidumbre funcional tras el allanamiento simultáneo de las oficinas centrales de la Fiscalía en Sucre y las delegaciones departamentales de La Paz y Santa Cruz. Agentes de la Policía Boliviana incautaron equipos informáticos, teléfonos móviles y decenas de archivadores que contenían investigaciones preliminares sobre envíos aéreos de sustancias sujetas a fiscalización hacia pistas clandestinas en países limítrofes.
Organizaciones jurídicas y veedurías ciudadanas independientes en Bolivia recalcaron que la designación de un fiscal general interino debe concretarse de manera transparente y con control parlamentario para salvaguardar la institucionalidad democrática y evitar que las investigaciones en curso queden subordinadas a intereses políticos coyunturales durante el proceso penal.
El desarrollo de las audiencias cautelares en los tribunales de La Paz será determinante para definir la situación jurídica del fiscal aprehendido y establecer las medidas preventivas correspondientes durante la etapa de investigación penal.
