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- Corte federal de Estados Unidos abrió pliego acusatorio formal contra el uruguayo Sebastián Marset.
- El expediente documenta sobornos millonarios a jueces, policías y políticos en Uruguay, Bolivia y Paraguay.
- La DEA cataloga al capo como el principal articulador del tráfico marítimo de cocaína hacia Europa.
- Las autoridades mantienen orden de captura internacional con notificación roja de Interpol.
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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos formalizó este lunes 16 de noviembre una amplia imputación penal contra el narcotraficante de origen uruguayo Sebastián Marset, a quien señalan como el cabecilla indiscutible de una sofisticada corporación criminal transnacional. Según el pliego acusatorio radicado en una corte federal, Marset implementó una implacable política de ‘plata o plomo’ para corromper a altos funcionarios públicos, jefes policiales, operadores judiciales y figuras políticas en Uruguay, Bolivia y Paraguay, asegurando la impunidad de sus cargamentos millonarios.
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La investigación coordinada entre la Administración de Control de Drogas (DEA) y fiscalías especializadas de la región revela que la red criminal de Sebastián Marset desembolsó decenas de millones de dólares en sobornos directos. Los pagos ilícitos tenían como propósito principal facilitar la emisión fraudulenta de documentos de identidad, pasaportes oficiales y salvoconductos migratorios, además de anticipar allanamientos e interceptaciones telefónicas ordenadas por las fuerzas de seguridad antes de que pudieran ejecutarse en territorio boliviano y paraguayo.
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El esquema de coimas implementado por Sebastián Marset en el Cono Sur
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Marset, quien continúa en condición de prófugo de la justicia internacional, es considerado el cerebro detrás del envío masivo de toneladas de clorhidrato de cocaína pura desde los centros de producción en la cuenca amazónica y el Chapare hacia los puertos marítimos de Amberes, Róterdam y Hamburgo en Europa. La estructura utilizaba barcazas fluviales a través de la hidrovía Paraguay-Paraná y camuflaba las sustancias ilícitas en contenedores con cargamentos comerciales legítimos de soja, carne y cuero. Para ampliar el contexto de la información, cabe destacar el seguimiento continuo sobre operativos contra el crimen organizado y la minería ilegal, donde convergen los intereses de las instituciones involucradas.
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Cargos por conspiración internacional de narcotráfico y lavado de activos
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El expediente federal estadounidense detalla asimismo un minucioso entramado financiero dedicado al blanqueo de capitales mediante inversiones en el fútbol profesional, productoras de eventos artísticos, cadenas de concesionarios de automóviles de lujo e inmuebles de alta gama gestionados por el entorno de Sebastián Marset. Los fiscales sostienen que estas entidades mercantiles servían para ingresar los beneficios de origen ilícito en el circuito bancario formal, utilizando testaferros y compañías de papel distribuidas en diversas jurisdicciones fiscales. Los reportes oficiales del organismo técnico Departamento de Justicia de los Estados Unidos corroboran la relevancia de las disposiciones vigentes.
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Con esta acusación penal en los tribunales estadounidenses, se eleva significativamente el cerco judicial sobre el capo uruguayo, habilitando la incautación de bienes a escala global y la solicitud de extradición inmediata a cualquier nación que concrete su captura. Representantes de Interpol han renovado las circulares rojas de aprehensión, mientras las autoridades policiales de los países sudamericanos involucrados revisan los vínculos internos y procesos disciplinarios de los funcionarios señalados en el documento acusatorio. Los lineamientos y estándares regulados por Organización Internacional de Policía Criminal Interpol marcan la hoja de ruta jurídica y operativa para mitigar los riesgos derivados de estos acontecimientos. De forma paralela, los tribunales de justicia sudamericanos coordinan el intercambio de testimonios y peritajes contables para rastrear el patrimonio acumulado por la organización criminal en el extranjero. Las agencias antinarcóticos enfatizan que el desmantelamiento de los brazos financieros y la identificación de testaferros corporativos resultan determinantes para debilitar de raíz las capacidades operativas de la estructura liderada por el prófugo internacional. De forma complementaria, las unidades de inteligencia financiera de los países implicados han intensificado el rastreo de sociedades fiduciarias y cuentas instrumentales en paraísos fiscales, con el objetivo de congelar los activos remanentes de la red criminal y garantizar la reparación civil por los daños ocasionados por el narcotráfico transnacional.
