El Municipio de Quito y el Gobierno Nacional han calificado los incendios ocurridos el 24 de septiembre como provocados. Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía abrió de oficio una investigación para identificar a los responsables. Estos incendios han dejado un saldo alarmante, con más de cien familias evacuadas de manera preventiva y varios bomberos heridos. En respuesta, el Gobierno ha ofrecido una recompensa para quienes proporcionen información clave que permita dar con los culpables.
Posibles causas de los incendios en Quito
Las autoridades del Municipio y el Gobierno creen que los incendios fueron provocados intencionalmente. Según el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ya se han evacuado más de cien familias debido al riesgo que representa el fuego, el cual ha afectado algunas viviendas. Los cuerpos de bomberos han trabajado arduamente para controlar las llamas, resultando en varios heridos.
La ministra de Ambiente, Irene Manzano, también respaldó la teoría de que el incendio fue provocado, destacando la necesidad de encontrar a quienes están detrás de este incidente. La Fiscalía ha iniciado una investigación de oficio para determinar las causas de este y otros incendios forestales en la capital.
Ofrecimiento de recompensas por información
El Gobierno, en su afán por esclarecer estos hechos, ha decidido ofrecer una recompensa para quienes proporcionen información que conduzca a la identificación de los responsables. La ministra del Interior, Mónica Palencia, confirmó en una rueda de prensa que quienes tengan información pueden comunicarse al número 131. El incendio ha afectado ya 40 hectáreas, lo que aumenta la urgencia de encontrar a los culpables.
Impacto ambiental de los incendios forestales
El impacto de los incendios forestales en Ecuador ha sido devastador. La prolongada sequía que afecta al país ha provocado 3.302 incendios forestales, destruyendo 37.808 hectáreas de vegetación. Además, 44.742 animales de granja han muerto debido a los incendios, y se han reportado 14 personas heridas. El informe de la Secretaría de Riesgos indica que 20 de las 24 provincias están en alerta roja por la crisis hídrica que afecta también a los cultivos.
Este panorama agrava aún más la situación de emergencia, haciendo que la recompensa ofrecida por el Gobierno sea una medida crucial para acelerar las investigaciones y evitar que hechos similares se repitan.
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