Movimientos decisivos desde el Ministerio de Trabajo
Los impedimentos laborales se han convertido en un mecanismo determinante en la reconfiguración de la Judicatura y el Cpccs durante 2025 y febrero de 2026, tras decisiones del Ministerio de Trabajo que bloquearon y habilitaron nombramientos en momentos políticos sensibles.
Impedimentos laborales en la Judicatura: el caso de Alexandra Villacís
El Ministerio de Trabajo emitió el 9 de febrero de 2026 un impedimento laboral contra Alexandra Villacís, vocal suplente de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura. La medida se adoptó cuando Godoy pidió licencia para enfrentar un juicio político en la Asamblea Nacional.
El impedimento se justificó por supuestas deudas con el Servicio de Rentas Internas. Sin embargo, Villacís aseguró que no mantiene obligaciones pendientes y difundió un certificado del propio SRI, con fecha 9 de febrero, donde consta que no registra valores por pagar.
La funcionaria indicó que se habría activado un RUC que estaba inactivo, en el cual aparecieron presuntas deudas antiguas por declaraciones de IVA. También recordó que en diciembre ya había reemplazado a Godoy sin ningún problema, lo que aumentó las dudas sobre el nuevo impedimento.
Cambios rápidos tras el impedimento laboral en el Consejo de la Judicatura
Después del impedimento laboral contra Villacís, el pleno del Consejo de la Judicatura sesionó en la madrugada del 10 de febrero y designó como presidente temporal al vocal Damián Larco.
Larco fue director del SRI durante el actual Gobierno. En ese periodo se redujo una deuda millonaria que mantenía la familia del presidente Daniel Noboa con la administración tributaria, dato que ha sido mencionado en el debate público.
Al mismo tiempo, el Cpccs fue convocado a sesión extraordinaria para tratar el mecanismo de selección del vocal suplente de la Corte Nacional de Justicia, es decir, el posible reemplazo tras el impedimento laboral de Villacís.
El antecedente de 2025
El uso de impedimentos laborales ya había generado polémica en agosto de 2025. El 26 de ese mes, el Ministerio de Trabajo, entonces dirigido por Ivonne Núñez, emitió un impedimento laboral contra el consejero suplente Oscar Ayerve.
La razón fue una obligación pendiente con la Corporación Financiera Nacional. Ese impedimento laboral impidió que Ayerve asumiera en lugar de Gonzalo Albán, quien enfrentaba un juicio político.
Ayerve denunció que existía una operación para evitar su principalización. La tensión llegó a tal punto que el presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, dispuso un cerco policial en el edificio para impedir su ingreso.
Levantamiento exprés de impedimento laboral en 24 horas
En noviembre de 2025 también se cuestionó el manejo de los impedimentos. El 18 de noviembre, Álvaro Rosero registraba un impedimento laboral por deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como representante legal de una radio en mora.
Un día después, el impedimento laboral fue levantado tras el traspaso de la representación legal de la empresa a un familiar. El caso generó críticas por la rapidez del trámite.
El exdirector regional de Trabajo en Quito, Christian Marín, denunció presiones para levantar el impedimento laboral. Presentó una denuncia por presunto tráfico de influencias, causa que sigue en investigación previa.
Impedimentos y su impacto político
Entre 2025 y 2026, los impedimentos laborales influyeron de forma directa en la integración del Consejo de la Judicatura y del Cpccs. Estas decisiones administrativas tuvieron efectos inmediatos en la designación o bloqueo de autoridades.
El debate actual gira en torno al alcance legal de los impedimentos y su uso en momentos políticos clave. Para analistas y actores políticos, estos casos muestran cómo una medida administrativa puede cambiar el equilibrio en instituciones estratégicas del Estado.
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